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Por Álvaro Ramis
Cada vez que la delincuencia se vuelve insoportable y el miedo ocupa el centro de la vida cotidiana, reaparece la misma tentación: sacar a los militares a la calle. La imagen es potente. Uniformes, fusiles, despliegue. Para una parte de la ciudadanía, representa orden; para los gobiernos, una señal de acción; para la política, una respuesta rápida. Pero precisamente ahí radica el problema: se trata de una solución que parece fuerte, pero que es estructuralmente débil.
Lo más preocupante es que esta idea ya no proviene solo de sectores tradicionalmente asociados a discursos de “mano dura”. En las últimas semanas, varios alcaldes de la centoizquierda han comenzado a proponer el despliegue militar como respuesta al aumento de la delincuencia, sin detenerse mayormente en las consecuencias institucionales, políticas y sociales que esta decisión implica. En ese gesto hay algo más grave que oportunismo: hay una renuncia silenciosa a principios que históricamente distinguieron a ese sector, especialmente la defensa del control civil, los derechos humanos y la desmilitarización de la vida social.
Desde el punto de vista de la seguridad pública, la militarización ofrece más percepción que eficacia. Los soldados pueden patrullar, controlar accesos o custodiar infraestructura, pero no están preparados para enfrentar la delincuencia contemporánea. El crimen que hoy inquieta a Chile no es improvisado ni espontáneo: es organizado, flexible y profundamente adaptativo. Se combate con inteligencia, investigación, seguimiento financiero y coordinación judicial. Nada de eso forma parte del núcleo del entrenamiento militar. La presencia armada puede producir una baja momentánea de ciertos delitos visibles, pero no desarticula redes ni reduce la violencia en el mediano plazo. El delito simplemente se desplaza, se reacomoda y espera.
El recurso a las Fuerzas Armadas también revela un problema político más profundo. Sacarlas a la calle es, en los hechos, admitir el fracaso del Estado civil para gobernar la seguridad. Es el atajo que evita enfrentar las reformas complejas y costosas: modernizar las policías, depurar responsabilidades, fortalecer la persecución penal, controlar el sistema penitenciario y combatir la corrupción. Cada vez que se opta por el despliegue militar, esas tareas quedan postergadas. Que esta salida sea hoy promovida también desde la izquierda muestra hasta qué punto el miedo ha logrado colonizar el debate público y empobrecer la imaginación política.
Hay, además, un costo que rara vez se considera con seriedad: el que pagan las propias Fuerzas Armadas. Al involucrarlas en tareas de control del delito común, se las expone a un terreno para el cual no están diseñadas. No hay enemigo definido ni reglas claras de enfrentamiento. Un error, un exceso o una muerte injustificada pueden destruir en minutos la legitimidad que una institución tarda décadas en construir. Además, al asumir funciones policiales, los militares quedan inevitablemente atrapados en la disputa política cotidiana, evaluados por resultados que no dependen de ellos y asociados a decisiones gubernamentales impopulares. Lo que se presenta como una solución pragmática termina siendo un desgaste institucional innecesario.
El impacto social, sin embargo, es aún más profundo. La militarización del espacio público no se distribuye de manera neutral. Se concentra, casi siempre, en los mismos territorios: barrios periféricos, poblaciones, zonas empobrecidas. El mensaje que se transmite es claro: en esos lugares, el Estado entra armado. Problemas sociales complejos —exclusión, abandono, falta de oportunidades— se traducen en una lógica de control y sospecha permanente. Lejos de recomponer el tejido social, esta estrategia refuerza la estigmatización y la desconfianza.
En Chile, este debate no ocurre en el vacío. La presencia militar en las calles arrastra una carga simbólica que no puede ignorarse. Aunque el contexto sea distinto, la memoria histórica pesa. Por eso resulta particularmente grave que esta propuesta emerja también desde sectores que alguna vez comprendieron que la democracia no se fortalece sustituyendo política por fuerza. Normalizar los uniformes en el espacio civil no resuelve el problema de la delincuencia: solo desplaza sus causas y debilita las bases del Estado de Derecho.
Sacar a los militares a la calle puede calmar la ansiedad inmediata, pero no resuelve el problema de fondo. Se gana presencia, pero se pierde inteligencia; se proyecta autoridad, pero se erosiona legitimidad; se responde a la urgencia, pero se profundiza la fragilidad institucional. La delincuencia es un desafío real y grave, pero enfrentarlo con soluciones que debilitan al propio Estado es una paradoja peligrosa.
El verdadero desafío no es mostrar fuerza, sino construir capacidad. Y eso exige algo mucho más difícil que desplegar tropas: voluntad política, reformas profundas y memoria histórica.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
