![\"\"](\"https:\/\/cronicadigital.cl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/plan-nacional-busqueda.jpg\")
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Por su importancia, compartimos comunicado de la Coordinadora Interpartidaria por los Derechos Humanos<\/strong>: <\/em><\/p>\n 1.<\/strong> El Gobierno de Jos\u00e9 Antonio Kast ha removido jefaturas del Plan Nacional de B\u00fasqueda de Verdad y Justicia, pol\u00edtica clave para esclarecer el destino de detenidos desaparecidos de la dictadura. Las personas desvinculadas lideraban \u00e1reas estrat\u00e9gicas en derechos humanos. Como en otros casos, ha prevalecido en la autoridad una completa falta de transparencia en los fundamentos de su decisi\u00f3n. No hay duda que ello es resultado de las concepciones negacionistas que prevalecen en el actual Gobierno.<\/p>\n Desde el Ministerio de Justicia se argument\u00f3 que estos cambios responder\u00edan a \u201cnuevos lineamientos\u201d, sin detallar criterios t\u00e9cnicos ni la continuidad del trabajo en curso. M\u00e1s all\u00e1 de que se nombrara en la jefatura del Programa de Derechos a una abogada que cuenta con experiencia en la materia, la envergadura de las modificaciones en la conducci\u00f3n de equipos especializados afecta gravemente los avances logrados en investigaci\u00f3n, poniendo en riesgo la continuidad de un trabajo realizado a lo largo un prolongado tiempo.<\/p>\n Las medidas han afectado a la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, con una experiencia de 14 a\u00f1os de desempe\u00f1o en la instancia y bajo gobierno de diferente orientaci\u00f3n, incluso desde antes de la creaci\u00f3n de la Subsecretaria de Derechos Humanos. A ello se suman la coordinadora del \u00c1rea de Archivos e Investigaci\u00f3n Documental, Tamara Lagos; y la coordinadora del \u00c1rea de B\u00fasqueda y Trayectorias, Magdalena Garc\u00e9s, las que ingresaron al servicio por concurso p\u00fablico; y el coordinador de Administraci\u00f3n Judicial de la Subsecretar\u00eda, Marcelo Orellana.<\/p>\n Rechazamos esta medida y solicitamos que el Gobierno proceda a su reconsideraci\u00f3n.<\/p>\n 2.<\/strong> La situaci\u00f3n es grave y no puede reducirse a un mero tr\u00e1mite administrativo. Un paso de enorme importancia en el camino de la sociedad chilena hacia la verdad y la justicia fue la publicaci\u00f3n el 10 de noviembre del a\u00f1o 2023 del Decreto Supremo N\u00b0 98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se aprob\u00f3 el Plan Nacional de B\u00fasqueda de Verdad y Justicia respecto de las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.<\/p>\n Desde 1991 el Estado de Chile calific\u00f3 v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada a un total de 1.469 personas, de las cuales, a 2023, solo 307 personas hab\u00edan sido identificadas<\/strong>, por lo que la totalidad de los dem\u00e1s casos se encontraban pendientes de esclarecimiento.<\/p>\n 3<\/strong>. Resolver esta grave situaci\u00f3n representa<\/strong> un imperativo para el Estado.<\/strong> Como se sabe, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica establece en su Art\u00edculo 5 que \u201ces deber de los \u00f3rganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constituci\u00f3n, as\u00ed como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes\u201d.<\/p>\n Ahora bien, la Convenci\u00f3n Internacional para la Protecci\u00f3n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue ratificada por Chile en el a\u00f1o 2010, establece que la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la desaparici\u00f3n forzada es un crimen de lesa humanidad, como est\u00e1 definido en el derecho internacional. Precisa que la desaparici\u00f3n forzada constituye un delito de \u201ccar\u00e1cter continuo\u201d e indica que \u201ccada Estado Parte adoptar\u00e1 todas las medidas apropiadas para la b\u00fasqueda, localizaci\u00f3n y liberaci\u00f3n de las personas desaparecidas y, en el caso de fallecimiento, para la b\u00fasqueda, el respeto y la restituci\u00f3n de sus restos\u201d.<\/p>\n 4.<\/strong> Los hechos muestran que el Programa de Derechos Humanos participa hasta ahora en m\u00e1s de 430 causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos.<\/p>\n Tambi\u00e9n indican que el Plan de B\u00fasqueda ha realizado un trabajo amplio y riguroso, con resultados tangibles, tales como la identificaci\u00f3n de una posible fosa de ocultamiento de detenidos desaparecidos en la comuna de Macul; el reconocimiento de la desaparici\u00f3n forzada de Luis Pino Soto, un estudiante secundario de Arica, de 15 a\u00f1os; y una acci\u00f3n penal por inhumaci\u00f3n y exhumaci\u00f3n ilegal de 110 detenidos desaparecidos en la Cuesta Barriga.<\/p>\n Todo ello en consistencia con el objetivo del Plan de \u201cesclarecer las circunstancias de la desaparici\u00f3n o muerte y destino final de las personas v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada, de manera sistem\u00e1tica y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los est\u00e1ndares internacionales\u201d.<\/p>\n 5.<\/strong> Pensamos que lo ocurrido muestra la urgencia de promulgar una ley para garantizar la institucionalizaci\u00f3n del Plan Nacional de B\u00fasqueda<\/strong>, su financiamiento y la protecci\u00f3n de su personal y sus archivos, evitando que dependa de la voluntad pol\u00edtica de los gobiernos de turno. Una institucionalizaci\u00f3n que asuma el Plan como la herramienta de una pol\u00edtica permanente y de Estado. Ese prop\u00f3sito ya se encuentra en marcha, con la aprobaci\u00f3n en la Sala de la C\u00e1mara de Diputados de un proyecto de ley que propone la consagraci\u00f3n del Plan en una ley para asegurar su estabilidad y continuidad institucional.<\/p>\n En este sentido, hacemos un llamado al Parlamento a concluir la tramitaci\u00f3n legislativa de este proyecto de ley<\/strong> que institucionaliza el Plan Nacional de B\u00fasqueda y proceder a su pronta aprobaci\u00f3n.<\/strong> No tenemos dudas que ser\u00eda un gesto que honrar\u00eda los compromisos internacionales que el pa\u00eds ha suscrito en materia de derechos humanos, y que por mandato constitucional el Estado tiene obligaci\u00f3n de cumplir.<\/p>\n Tambi\u00e9n ser\u00eda un gesto que contribuir\u00eda al futuro de verdad, justicia y memoria al que debe transitar Chile.<\/p>\n Santiago, 3 de abril de 2026.<\/p>\n Cr\u00f3nica Digital.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por su importancia, compartimos comunicado de la Coordinadora Interpartidaria por los Derechos Humanos: 1. 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