Las falsas pensiones de gracia son una de las materias que deber\u00e1 abordar el\u00a0nuevo director\u00a0Yerko Ljubetic, luego de que este mes concluyera el per\u00edodo de la exdirectora Consuelo Contreras.<\/li>\n<\/ul>\n\u201cCalificaciones err\u00f3neas\u201d.<\/strong>\u00a0\u201cSolicitamos se remita un informe detallado acerca de las medidas dispuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar sin efecto las calificaciones err\u00f3neas que derivaron en la entrega injustificada de pensiones de gracia a \u2018v\u00edctimas del estallido\u2019, informando espec\u00edficamente el estado de los sumarios instruidos en relaci\u00f3n con esto por orden de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d, dijo el oficio.<\/p>\n\n- Lo \u00faltimo, en referencia al informe 419 \/ 2023 de Contralor\u00eda, que identific\u00f3 58 casos con prontuario previo por \u201cestafa, tr\u00e1fico y microtr\u00e1fico de estupefacientes, producci\u00f3n de material pornogr\u00e1fico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar\u201d.<\/li>\n
- Esto dio origen a que el gobierno revocara el a\u00f1o pasado 28 pensiones, entre casos con prontuario y otros que figuraban como v\u00edctimas e imputados en una misma secuencia de hechos.<\/li>\n
- Ambos grupos recibieron los beneficios porque ni el INDH que presentaba los casos, ni la comisi\u00f3n presidencial que los analiz\u00f3, revis\u00f3 sus antecedentes penales ni policiales. La explicaci\u00f3n que dieron entonces fue que no era un requisito legal.<\/li>\n<\/ul>\n
Las otras peticiones del oficio.<\/strong>\u00a0\u201cSolicitamos se eval\u00faen mecanismos de reparaci\u00f3n en favor de aquellos ciudadanos perseguidos penalmente de manera arbitraria por medio de querellas deducidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en los t\u00e9rminos precedentes\u201d, dijo tambi\u00e9n el documento.<\/p>\n\n- A esto a\u00f1adieron que \u201cse considere en el pr\u00f3ximo informe anual un cap\u00edtulo especial para tratar los casos de persecuci\u00f3n penal arbitraria por parte del Estado, y en particular del INDH, de agentes estatales que desempe\u00f1aron funciones de control del orden p\u00fablico con ocasi\u00f3n del denominado \u2018estallido social\u2019\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n
$5.434.446.015.<\/strong>\u00a0La Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica detall\u00f3, tras una solicitud por ley de transparencia realizada en junio, que a mayo de este a\u00f1o el estado hab\u00eda entregado $5.434.446.015 a 405 de los 418 pensionados de gracia del estallido social.<\/p>\n