<\/a><\/div>\nLa Fiscal\u00eda Regional de Antofagasta<\/b> ha presentado una solicitud de desafuero<\/b> contra el gobernador de la Regi\u00f3n Metropolitana, Claudio Orrego<\/b>, en el marco de la investigaci\u00f3n por el denominado caso ProCultura<\/b>. El requerimiento fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta<\/b> y busca formalizar al gobernador por su presunta participaci\u00f3n en los delitos de cohecho<\/b> y fraude al fisco<\/b>.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se centra en un convenio por m\u00e1s de $1.800 millones<\/b> que el Gobierno Regional de Santiago firm\u00f3 con la fundaci\u00f3n ProCultura, de los cuales $1.000 millones<\/b> no habr\u00edan sido rendidos ni devueltos. Este caso se suma a una serie de cuestionamientos hacia la gesti\u00f3n de Orrego.<\/p>\n
Adicionalmente, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/b> ha detectado supuestas irregularidades en el Gobierno Regional Metropolitano, como gastos que podr\u00edan estar relacionados con actividades pol\u00edticas y de campa\u00f1a electoral para la reelecci\u00f3n de Orrego. Entre estos gastos, se identific\u00f3 un pago de $31 millones<\/b> por un servicio de asesor\u00eda que, seg\u00fan la revisi\u00f3n de sesiones, abord\u00f3 la \u00abcontingencia pol\u00edtica y la campa\u00f1a electoral\u00bb en lugar de los temas de coaching<\/i> estipulados en el contrato.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se han detectado gastos por trato directo sin la debida justificaci\u00f3n normativa y la contrataci\u00f3n de empresas sin acreditar las condiciones contractuales ni la idoneidad de los proveedores. A esto se suma una disputa con la aseguradora Porvenir S.A., a la que el Gobierno Metropolitano acusa de no pagar las p\u00f3lizas de garant\u00eda asociadas a un convenio con ProCultura, tras el t\u00e9rmino anticipado de un proyecto de prevenci\u00f3n del suicidio. (NP-Gemini-Emol-C13)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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