Organizaciones presentan diagn\u00f3stico cr\u00edtico sobre el incumplimiento del Estado chileno de sus obligaciones internacionales en materia de derechos sociales, previo a la evaluaci\u00f3n del Comit\u00e9 DESC de septiembre de 2025<\/span>.<\/p>\n Las organizaciones civiles Comisi\u00f3n Chilena de Derechos Humanos, Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Confederaci\u00f3n Democr\u00e1tica de Profesionales Universitarios de la Salud, Asociaci\u00f3n Nacional de Consejo de Salud P\u00fablica y Pintana Solidaria<\/span> presentaron un informe alternativo titulado \u00abFuentes del Malestar Social en Chile: La Denegaci\u00f3n y Cumplimiento Parcial de los Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales\u00bb<\/span> ante el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la ONU, en el marco del 6\u00b0 Informe Peri\u00f3dico de Chile que ser\u00e1 evaluado en la 78\u00b0 sesi\u00f3n del organismo, a desarrollarse entre el 8 al 26 de septiembre de 2025.<\/p>\n Cr\u00edticas Estructurales al Modelo Neoliberal Chileno<\/span><\/strong><\/p>\n El documento expone como problema jur\u00eddico central la persistencia del orden p\u00fablico econ\u00f3mico establecido durante la dictadura militar<\/span>, el cual habr\u00eda transformado los derechos sociales en \u00abmeras libertades de elecci\u00f3n\u00bb en lugar de garant\u00edas prestacionales efectivas. Las organizaciones se\u00f1alan que el modelo neoliberal chileno, implementado desde 1973, ha reducido los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales a bienes de consumo sujetos a las leyes de oferta y demanda, excluyendo a las mayor\u00edas sociales del goce efectivo de derechos esenciales<\/span>.<\/p>\n El informe identifica como ra\u00edz constitucional del problema los art\u00edculos 19 n\u00fameros 21 al 25 de la Constituci\u00f3n de 1980<\/span>, que establecen el denominado \u00aborden p\u00fablico econ\u00f3mico\u00bb basado en la propiedad privada como dominio absoluto y la libertad econ\u00f3mica como libertad negativa, priorizando la protecci\u00f3n de intereses de mercado por sobre la garant\u00eda universal de derechos sociales<\/span>.<\/p>\n Infracciones Espec\u00edficas al Pacto Internacional de DESC<\/span><\/strong><\/p>\n Derecho a la Seguridad Social<\/span><\/strong><\/p>\n Las organizaciones denuncian violaciones al principio de integridad y suficiencia<\/span> del sistema previsional, se\u00f1alando que el 85% de las pensiones pagadas por las AFP son menores al salario m\u00ednimo<\/span>. El informe destaca que las mujeres reciben pensiones promedio de apenas 18,9% del salario previo al retiro<\/span>, evidenciando discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero sistem\u00e1tica.<\/p>\n El sistema privado de pensiones es cuestionado por no cumplir las recomendaciones de la OIT de 2000<\/span>, que establec\u00edan que deber\u00eda ser administrado por organizaciones sin fines de lucro, con participaci\u00f3n de los asegurados y mayor contribuci\u00f3n patronal.<\/p>\n Derecho a la Salud<\/span><\/strong><\/p>\n Se documenta contravenci\u00f3n al principio de accesibilidad<\/span> mediante el sistema dual p\u00fablico-privado que consagra legalmente la discriminaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/span>. Las Isapres mantienen tablas de factores que permiten cobrar hasta el doble a mujeres y hasta cinco veces m\u00e1s a adultos mayores<\/span>, vulnerando el principio de no discriminaci\u00f3n.<\/p>\n La Asociaci\u00f3n Nacional de Consejo de Salud P\u00fablica reporta 2.862.379 personas en listas de espera para especialidades m\u00e9dicas no GES a marzo de 2024<\/span>, concentr\u00e1ndose el 59,7% de los especialistas solo en la Regi\u00f3n Metropolitana<\/span>.<\/p>\n Derecho al Trabajo y Libertad Sindical<\/span><\/strong><\/p>\n El documento denuncia discriminaci\u00f3n salarial sistem\u00e1tica contra educadoras diferenciales<\/span>, quienes siendo profesionales tituladas universitarias no reciben el complemento por menci\u00f3n de la Bonificaci\u00f3n de Reconocimiento Profesional, perdiendo mensualmente hasta $79.287<\/span>.<\/p>\n Se alerta sobre medidas de represi\u00f3n sindical implementadas por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica desde 2025<\/span>, que establecen \u00abdoble castigo\u00bb a trabajadores de la educaci\u00f3n p\u00fablica: descuento salarial por d\u00edas de paro y exigencia simult\u00e1nea de recuperaci\u00f3n de jornadas<\/span>, vulnerando convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical.<\/p>\n Derecho a la Vivienda<\/span><\/strong><\/p>\n M\u00e1s de 2,2 millones de personas se encuentran afectadas por la crisis habitacional, viviendo de allegados o en condiciones precarias<\/span>. El informe se\u00f1ala que Chile transform\u00f3 constitucionalmente la vivienda social en un componente del mercado inmobiliario<\/span>, abandonando su concepci\u00f3n como derecho social.<\/p>\n Marco Normativo Internacional Vulnerado<\/span><\/strong><\/p>\n Las organizaciones fundamentan sus denuncias en m\u00faltiples instrumentos internacionales ratificados por Chile<\/span>, particularmente:<\/p>\n \u25cf <\/span>Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/span> (art\u00edculos 2, 6, 7, 9, 10, 11 y 12)<\/p>\n \u25cf <\/span>Convenios fundamentales de la OIT<\/span> (n\u00fameros 87, 98, 100, 111, entre otros)<\/p>\n \u25cf <\/span>Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/span> (art\u00edculos 17 y 21)<\/p>\n \u25cf <\/span>Observaci\u00f3n General N\u00b014 del Comit\u00e9 DESC<\/span> sobre el derecho a la salud.<\/p>\n El informe destaca que la Corte Suprema chilena ha reconocido el car\u00e1cter supra-constitucional de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en materia de derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales<\/span>.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cronicadigital.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/CCHDH.jpeg\")
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