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Por: www.oblawfare.org<\/a><\/p>\n El caso de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta (Chile), condensa algunos de los principales elementos del lawfare identificados en la regi\u00f3n, tales como arbitrariedad y acoso judicial, acusaciones sin sustento probatorio, uso abusivo de la prisi\u00f3n preventiva, selectividad de la justicia, manipulaci\u00f3n medi\u00e1tica, amenaza a intereses econ\u00f3micos y sincronizaci\u00f3n con el calendario electoral.<\/p>\n El timing de las acciones judiciales revela un c\u00e1lculo pol\u00edtico: su prisi\u00f3n preventiva, decretada el 3 de junio de 2024, coincidi\u00f3 con los preparativos de las elecciones municipales de octubre de ese a\u00f1o y con su proyecci\u00f3n presidencial para 2025. Jadue, que en las primarias presidenciales de 2021 hab\u00eda obtenido un 39,4% y era ampliamente considerado una carta presidencial con opciones reales para 2025, se vio obligado a dejar la alcald\u00eda de Recoleta tras 45 d\u00edas de detenci\u00f3n, interrumpiendo 12 a\u00f1os de gesti\u00f3n con amplio respaldo electoral (41% en 2012, 56% en 2016 y 64% en 2021). Esta medida afect\u00f3 su influencia de cara a las municipales de 2024 y limit\u00f3 su proyecci\u00f3n nacional.<\/p>\n El arma de la proscripci\u00f3n<\/b><\/p>\n En agosto de 2025, la acusaci\u00f3n formal lleg\u00f3 apenas dos semanas antes del cierre del padr\u00f3n electoral del Servicio Electoral (Servel), dificultando su eventual candidatura y reforzando su inhabilitaci\u00f3n pol\u00edtica. Finalmente, el 11 de septiembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) excluy\u00f3 a Jadue del padr\u00f3n electoral, impidi\u00e9ndole postular como diputado por el distrito 9 (Cerro Navia, Conchal\u00ed, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca).<\/p>\n El fallo contra Daniel Jadue del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dado a conocer el 12 de septiembre de 2025, por una mayor\u00eda de 3 a 2 acogi\u00f3 la reclamaci\u00f3n presentada por el abogado del partido Renovaci\u00f3n Nacional, Marcelo Brunet, para impedirle el derecho al sufragio con la exclusi\u00f3n del padr\u00f3n, por ende, se imposibilit\u00f3 su candidatura. Con esta decisi\u00f3n, el Tricel revoc\u00f3 el dictamen del Segundo Tribunal Electoral de la Regi\u00f3n Metropolitana, que en primera instancia hab\u00eda autorizado la candidatura de Jadue. Esta decisi\u00f3n del Tricel violenta el principio de inocencia, dado que Jadue no tiene condena firme, apenas est\u00e1 formalizado o procesado.<\/p>\n El caso de Marco Enr\u00edquez-Ominami constituye un precedente clave. V\u00edctima de lawfare desde 2019, fue imputado por hechos que no constitu\u00edan delito o resultaban falsos. En 2021, el Tricel orden\u00f3 su reincorporaci\u00f3n al padr\u00f3n electoral al establecer que sin condena firme no pueden suspenderse derechos pol\u00edticos, revirtiendo el fallo de segunda instancia a cargo del Tribunal Electoral Regional que lo hab\u00eda inhabilitado. Ese a\u00f1o pudo finalmente ser candidato. En 2025 volvi\u00f3 a postularse a la presidencia. En contraste, el Tricel excluy\u00f3 a Jadue. Ni en el caso de Ominami ni en el de Jadue corresponde impedir la participaci\u00f3n electoral: hacerlo vulnera la Constituci\u00f3n, la igualdad ante la ley y los est\u00e1ndares interamericanos de protecci\u00f3n de los derechos pol\u00edticos, en la medida que no haya condena firme.<\/p>\n Debe recordarse que la estrategia de proscripci\u00f3n tambi\u00e9n fue utilizada en otros casos de lawfare: en el 2018, para evitar que Lula da Silva se presentara a elecciones presidenciales, con una justicia fast-track (se pasaron por alto 11 expedientes, para atender r\u00e1pidamente su causa del Triplex de Guaruj\u00e1). Lo mismo sucedi\u00f3 con el caso de Rafael Correa, cuando al hacer p\u00fablica su intenci\u00f3n de postularse como vicepresidente de Andr\u00e9s Arauz en las elecciones de febrero de 2021, se aceler\u00f3 enormemente el proceso judicial en su contra por la causa \u201cSobornos\u201d: en abril de 2020 fue condenado en primera instancia a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para ocupar cargos p\u00fablicos por 25 a\u00f1os; en julio del mismo a\u00f1o el Tribunal de Apelaci\u00f3n ratific\u00f3 la condena; y el 7 de septiembre, en una velocidad in\u00e9dita, el Tribunal de Casaci\u00f3n de la Corte Nacional de Justicia rechaz\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y confirm\u00f3 la condena, apenas un d\u00eda antes del cierre de plazos para que el Consejo Nacional Electoral abra el per\u00edodo de inscripci\u00f3n de candidaturas para las mencionadas elecciones de 2021. Algo muy similar sucedi\u00f3 con Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner en Argentina: el 2 junio de 2025 declar\u00f3 que ser\u00eda candidata como legisladora en provincia de Buenos Aires, y el 10 de junio, apenas ocho d\u00edas despu\u00e9s, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 el fallo condenatorio que incluye la pena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos.<\/p>\n Aparato judicial: persecuci\u00f3n selectiva y uso abusivo de medidas cautelares<\/b><\/p>\n Desde octubre de 2021, Jadue enfrenta cargos de fraude al fisco, cohecho y delito concursal por operaciones de la Asociaci\u00f3n Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). No se han presentado pruebas materiales de enriquecimiento personal. Se le atribuye responsabilidad penal por decisiones administrativas adoptadas por terceros durante la pandemia en la Achifarp. Esto guarda relaci\u00f3n con la responsabilidad que se le atribuy\u00f3 a CFK en la Causa Vialidad, por las licitaciones de obra p\u00fablica realizadas en la provincia de Santa Cruz, sin su intervenci\u00f3n. En 2024 la Fiscal\u00eda incorpor\u00f3 la tesis de la \u201cbicicleta fiscal\u201d, seg\u00fan la cual compras excesivas de insumos habr\u00edan servido para simular solvencia y ocultar deudas. Esta figura es similar a la \u201cpedalada fiscal\u201d usada para destituir a Dilma Rousseff en 2016, presentada como fraude pese a ser una pr\u00e1ctica administrativa habitual. Debe destacarse que Dilma Rousseff en 2022 fue declarada inocente de ese supuesto delito. En el caso de Jadue, tampoco existe evidencia de intenci\u00f3n fraudulenta: las compras se hicieron en un contexto de emergencia sanitaria y alta incertidumbre, m\u00e1s vinculadas a necesidades urgentes que a una manipulaci\u00f3n deliberada.<\/p>\n En mayo de 2024, uno de los querellantes reconoci\u00f3 ante la jueza la falta de evidencia s\u00f3lida; y en septiembre, la jueza Paula Brito manifest\u00f3 dudas sobre la existencia de delitos y sobre la participaci\u00f3n directa de Jadue. En junio de 2024 se orden\u00f3 su prisi\u00f3n preventiva, lo que forz\u00f3 su destituci\u00f3n como alcalde tras 45 d\u00edas de ausencia y, hasta hoy, se mantiene en arresto domiciliario sin condena, una pena anticipada que viola la presunci\u00f3n de inocencia y con ello la Constituci\u00f3n. En otro caso de lawfare, a ra\u00edz de la causa abierta en octubre de 2019 por el delito de rebeli\u00f3n contra Paola Pab\u00f3n, Prefecta de la provincia de Pichincha (Ecuador), la funcionaria fue obligada a solicitar licencia del cargo mientras estuvo presa durante 72 d\u00edas, hasta que sali\u00f3 en libertad condicional por la intervenci\u00f3n ejercida por la CIDH.<\/p>\n El abuso de la prisi\u00f3n preventiva como pena anticipada es un rasgo com\u00fan en los principales casos de lawfare de la regi\u00f3n. En Ecuador, Jorge Glas fue detenido preventivamente en la Causa Reconstrucci\u00f3n Manab\u00ed y Virgilio Hern\u00e1ndez pas\u00f3 por una prisi\u00f3n preventiva sin pruebas fehacientes. En Brasil, la Operaci\u00f3n Lava Jato aplic\u00f3 28 mandatos de prisi\u00f3n preventiva o temporal en su fase inicial y utiliz\u00f3 la privaci\u00f3n de libertad para forzar delaciones, mientras que Lula pas\u00f3 580 d\u00edas en prisi\u00f3n por la Causa Tr\u00edplex. En Argentina, se registraron cinco pedidos de prisi\u00f3n preventiva contra CFK y esta medida se aplic\u00f3 de forma reiterada a funcionarios y dirigentes de su entorno \u2014Julio De Vido, Amado Boudou, Milagro Sala, Carlos Zannini\u2014 como mecanismo de presi\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n En el caso de Jadue, la fiscal\u00eda ha prolongado el proceso mediante reformalizaciones sucesivas (enero y mayo de 2025), una t\u00e1ctica de desgaste que mantiene la sospecha de forma indefinida.<\/p>\n En julio de 2025, el ex colaborador Mat\u00edas Mu\u00f1oz hizo p\u00fablico que la fiscal Giovanna Herrera lo hab\u00eda presionado para que incriminara falsamente a Jadue, ofreci\u00e9ndole la libertad a cambio de una declaraci\u00f3n en su contra. En la mayor\u00eda de las causas de lawfare, los testimonios han sido utilizados como herramientas de chantaje mediante los \u201carrepentidos\u201d o \u201cdelatores premiados\u201d, que en la mayor\u00eda de los casos ni siquiera se ajustan al debido proceso (respeto por la norma procesal) para tomar la delaci\u00f3n (ver: Causa Cuadernos contra CFK y el falso abogado D\u2019Alessio; los testimonios del Lava Jato en Brasil o la causa Odebrecht Ecuador, etc.). Este hecho, pone en evidencia la utilizaci\u00f3n de testimonios obtenidos bajo coacci\u00f3n como sustento de la acusaci\u00f3n, lo que compromete de manera decisiva la credibilidad del proceso.<\/p>\n El caso de Jadue exhibe doble rasero y selectividad de la ley: mientras la Fiscal\u00eda avanz\u00f3 con una rapidez inusual en su contra, situaciones de mayor gravedad en el sistema de salud ni siquiera derivaron en procesos judiciales. Un ejemplo ilustrativo es el de la Central de Abastecimiento (Cenabast), dependiente del Ministerio de Salud, que entre 2017 y 2021 perdi\u00f3 m\u00e1s de 3.800 millones de pesos en medicamentos vencidos, seg\u00fan informes de auditor\u00eda de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n De forma similar, en Ecuador las causas contra Rafael Correa y Jorge Glas obtuvieron sentencias en apenas veinte d\u00edas en el Caso Sobornos, mientras las investigaciones sobre Guillermo Lasso o Len\u00edn Moreno quedaron paralizadas; en Brasil, Lula da Silva fue condenado en menos de doce meses en la Causa Tr\u00edplex, mientras denuncias que compromet\u00edan a aliados del establishment permanecieron a\u00f1os sin resoluci\u00f3n; y en Argentina, la persecuci\u00f3n a Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner contrast\u00f3 con la impunidad de las causas de la familia Macri, con una Corte Suprema que fall\u00f3 en la Causa Vialidad en menos de dos meses. En todos estos contextos, como en Chile, el lawfare se apoya en una aplicaci\u00f3n desigual de la justicia, que acelera y endurece los procesos contra liderazgos progresistas mientras los dilata o archiva frente a actores cercanos a los poderes econ\u00f3micos y pol\u00edticos dominantes.<\/p>\n Asimismo, se han denunciado conflictos de inter\u00e9s: la fiscal Herrera es concu\u00f1ada de un fundador de las Farmacias Fracci\u00f3n, competidoras directas del modelo de Farmacias Populares. Este escenario y procedimientos son similares a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, la apertura de m\u00e1s de 10 causas contra Cristina Fern\u00e1ndez y su c\u00edrculo cercano, y la lentitud o \u201cfalta de inter\u00e9s\u201d en las causas pendientes de la familia Macri, con la causa Correo como emblema, la cual lleva m\u00e1s de 20 a\u00f1os sin resoluci\u00f3n.<\/p>\n Aparato medi\u00e1tico: condena previa y estigmatizaci\u00f3n p\u00fablica<\/b><\/p>\n La manipulaci\u00f3n medi\u00e1tica es otro elemento recurrente. En Brasil, durante el proceso contra Lula, los tres principales diarios publicaron 1.176 portadas sobre corrupci\u00f3n entre 2015 y 2016; en Argentina, Clar\u00edn y La Naci\u00f3n titularon sistem\u00e1ticamente sobre supuestos casos de corrupci\u00f3n de CFK. En Ecuador, portales como Mil Hojas y Plan V \u2014financiados por Estados Unidos\u2014 construyeron el relato de corrupci\u00f3n contra Correa. De forma an\u00e1loga, el hostigamiento medi\u00e1tico a Daniel Jadue ha sido sistem\u00e1tico. La Tercera<\/i> public\u00f3 557 art\u00edculos<\/span><\/a> contra Jadue entre 2021 y 2024, acompa\u00f1ados de filtraciones que violaron el secreto de sumario. Un art\u00edculo cada 2,4 d\u00edas, con ello queda evidente la sistematicidad de la operaci\u00f3n medi\u00e1tica de desacreditaci\u00f3n.<\/p>\n