![\"\"](\"https:\/\/www.nuevopoder.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Casa-de-allende-tercera-300x350.png\" "\\"Casa")
<\/a><\/div>\nLa Fiscal\u00eda Regional de Coquimbo, en el marco de su investigaci\u00f3n sobre la fallida compraventa de la casa que fue del expresidente Salvador Allende<\/b>, ha recabado diversas declaraciones de funcionarios que intervinieron en el proceso. Uno de los testimonios clave corresponde a Francisca Burgos Bustos<\/b>, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien revel\u00f3 que su jefe de divisi\u00f3n solicit\u00f3 reiteradamente acelerar la adquisici\u00f3n<\/b>, valorada en cerca de mil millones de pesos, debido a la presi\u00f3n por no perder los fondos asignados<\/b>.<\/p>\n
La abogada, que se integr\u00f3 al Ministerio de Bienes Nacionales en 2022 tras egresar de la Universidad de Chile y se desempe\u00f1aba como analista en el departamento de adquisici\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes, manifest\u00f3 que la compra fue inusual<\/b>. Explic\u00f3 que era la primera vez que Bienes Nacionales iniciaba una compra \u00abde oficio\u00bb<\/b>, ya que lo habitual es que act\u00fae a solicitud de otros servicios. No obstante, dado que los fondos estaban asociados a su ministerio, la necesidad de compra se asumi\u00f3 internamente, siguiendo una iniciativa previa del Servicio del Patrimonio y las Culturas.<\/p>\n
Como analista, su funci\u00f3n principal era comprobar la \u00abaptitud jur\u00eddica\u00bb del inmueble<\/b>, lo que implicaba revisar t\u00edtulos, inscripciones en el Conservador de Bienes Ra\u00edces, y verificar la ausencia de prohibiciones de venta, limitaciones o deudas (como contribuciones o servicios b\u00e1sicos). Si bien Burgos Bustos fue quien redact\u00f3 el contrato de compraventa, el proceso cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de altas jefaturas y funcionarios de diversas entidades<\/b>, incluyendo Presidencia y el Ministerio de las Culturas.<\/p>\n
La abogada admiti\u00f3 ante los fiscales que \u00abolvid\u00f3\u00bb considerar una prohibici\u00f3n constitucional<\/b> que pesaba sobre la venta, debido a que entre los due\u00f1os de la propiedad se encontraban una senadora (Isabel Allende) y una ministra (Maya Fern\u00e1ndez). Aclar\u00f3 que su labor se centr\u00f3 principalmente en el \u00aban\u00e1lisis documental\u00bb y el estudio de t\u00edtulos<\/b> del inmueble. Ambas pol\u00edticas, Allende y Fern\u00e1ndez, debieron dejar sus cargos \u2014la primera removida por el Tribunal Constitucional y la segunda por renuncia\u2014 a ra\u00edz de esta inhabilidad no detectada<\/b> que finalmente paraliz\u00f3 la compra.<\/p>\n
Respecto a la premura en el tr\u00e1mite, Burgos Bustos identific\u00f3 a Pablo Maino<\/b>, su jefe de divisi\u00f3n, como la persona que \u00abconstantemente\u00bb les solicit\u00f3 apurarse<\/b>, argumentando que la compra deb\u00eda concretarse lo antes posible para evitar la p\u00e9rdida de los dineros destinados<\/b> al proyecto, e incluso les entreg\u00f3 un cronograma de plazos. Bajo esa presi\u00f3n de celeridad, Maino le solicit\u00f3 directamente la redacci\u00f3n del contrato de compra<\/b>, tarea que usualmente correspond\u00eda a la divisi\u00f3n jur\u00eddica. Una vez listo, lo envi\u00f3 a Carolina Thomas, abogada de dicha divisi\u00f3n, para que se le diera curso.<\/p>\n
Finalmente, la declaraci\u00f3n de la abogada se suma a los testimonios de otras figuras clave, como la ministra Arredondo y la exministra Sandoval, quienes aseguraron haber levantado alertas desde sus equipos<\/b> (jur\u00eddicos y comunicacionales) sobre el caso y haberlas comunicado a La Moneda<\/b>, una advertencia que asesores de Presidencia han negado<\/b> haber recibido. (NP-Gemini-Emol)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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