![\"\"](\"https:\/\/www.nuevopoder.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Isabel-Allende-tercera-300x350.png\" "\\"Isabel")
<\/a><\/div>\nNuevos antecedentes surgidos de la investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico sobre la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende han complicado la situaci\u00f3n de la exsenadora Isabel Allende<\/b>, actualmente imputada en el caso. El testimonio clave proviene de Alejandro Riquelme<\/b>, jefe de la Divisi\u00f3n de Funci\u00f3n P\u00fablica de Contralor\u00eda y quien en el momento de los hechos se desempe\u00f1aba como jefe de gabinete del organismo fiscalizador. Riquelme declar\u00f3 que el mismo d\u00eda en que el decreto de compraventa, valorado en cerca de $1.000 millones, ingres\u00f3 a la Contralor\u00eda para la toma de raz\u00f3n, fue contactado insistentemente por Claudio Hurtado<\/b>, entonces jefe de gabinete de la exsenadora, quien le solicit\u00f3 \u00abtramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra\u00bb<\/b> en m\u00e1s de cinco oportunidades a lo largo de una semana.<\/p>\n
Abogados penalistas consultados coinciden en que estos insistentes contactos podr\u00edan configurar un posible delito de tr\u00e1fico de influencias<\/b>, dado el inter\u00e9s econ\u00f3mico de por medio. Expertos como Juan Carlos Manr\u00edquez y Mario Vargas Coci\u00f1a se\u00f1alaron que la sola solicitud o la oferta de influencia sobre un funcionario p\u00fablico, con el fin de que este adopte una decisi\u00f3n administrativa que genere un beneficio econ\u00f3mico, es suficiente para tipificar el delito, aun si la influencia no fue efectiva. La abogada Catherine Lathrop reforz\u00f3 esta visi\u00f3n, indicando que la presi\u00f3n ejercida por el jefe de gabinete de una senadora en ejercicio para acelerar el tr\u00e1mite es un hecho indebido que hace presumir el conocimiento de una posible irregularidad, no siendo un \u00abhecho aislado o intrascendente desde la esfera penal\u00bb.<\/p>\n
Este nuevo frente se suma a la pol\u00e9mica generada por la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, Francisca Burgos Bustos<\/b>, quien en su declaraci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda admiti\u00f3 haber \u00abolvidado\u00bb<\/b> la prohibici\u00f3n constitucional que imped\u00eda la venta de la propiedad, ya que entre sus due\u00f1os figuraban una senadora (Isabel Allende) y una ministra (Maya Fern\u00e1ndez). No obstante, juristas penalistas calificaron esta defensa como \u00abinsostenible\u00bb<\/b> en el \u00e1mbito judicial. Argumentan que existe la presunci\u00f3n de que la ley es conocida por todos, y que en el caso de un profesional experto, alegar el desconocimiento de una norma constitucional es un \u00absin sentido\u00bb, sugiriendo una \u00abcadena de ignorancia\u00bb que resulta poco veros\u00edmil. (NP-Gemini-Emol)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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