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<\/a><\/div>\nLos diputados de la UDI<\/b>, Jorge Alessandri<\/b>, Daniel Lilayu<\/b> y Flor Weisse<\/b>, solicitaron formalmente al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE<\/b>), Ra\u00fal Letelier<\/b>, que inicie una investigaci\u00f3n para esclarecer si existi\u00f3 fraude en la obtenci\u00f3n de dineros estatales por parte de la familia de Bernarda Vera<\/b>.<\/p>\n
Los parlamentarios entregaron una carta a Letelier expresando la necesidad de determinar la legitimidad de los \u00abbeneficios pecuniarios\u00bb<\/b> que la familia de Vera estar\u00eda recibiendo. La solicitud se basa en un reportaje que sugiere que Vera, quien figura en el Informe Rettig como detenida desaparecida desde 1973, estar\u00eda viva y residiendo en Argentina<\/b>.<\/p>\n
La bancada UDI advirti\u00f3 que, de confirmarse los antecedentes, se tratar\u00eda de un hecho de \u00abm\u00e1xima gravedad\u00bb debido a las posibles implicancias penales y patrimoniales<\/b>, dado que los beneficios fueron otorgados bajo el principio de buena fe.<\/p>\n
Los legisladores piden al CDE \u00abdeterminar si los beneficios otorgados en este caso fueron obtenidos de manera fraudulenta o sin causa leg\u00edtima\u00bb<\/b>. Alessandri confirm\u00f3 que el CDE ha iniciado una carpeta de investigaci\u00f3n<\/b> y que informar\u00e1 a la C\u00e1mara de Diputados sobre las acciones a seguir.<\/p>\n
La diputada Flor Weisse<\/b> anunci\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1n evaluando impulsar una Comisi\u00f3n Investigadora<\/b> en la C\u00e1mara de Diputados, buscando proteger los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
El diputado Daniel Lilayu<\/b> calific\u00f3 de \u00abinaceptable\u00bb<\/b> que se sigan pagando beneficios \u00absin justificaci\u00f3n\u00bb mientras existen carencias en hospitales y medicamentos para adultos mayores. Lilayu enfatiz\u00f3 que se est\u00e1 \u00abenga\u00f1ando al Estado\u00bb<\/b> y que la acci\u00f3n busca sentar una \u00abse\u00f1al potente\u00bb<\/b> para recuperar los fondos.<\/p>\n
Jorge Alessandri se\u00f1al\u00f3 que la pol\u00e9mica est\u00e1 \u00abcreciendo\u00bb<\/b> porque, a su juicio, el Ejecutivo est\u00e1 \u00abjustificando lo injustificable\u00bb<\/b>, y anunci\u00f3 que se reunir\u00e1 con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el exministro Luis Cordero, para conocer detalles sobre c\u00f3mo el Gobierno se enter\u00f3 de la situaci\u00f3n.<\/p>\n
Bernarda Vera, conocida como \u00abAnita\u00bb, era militante del MIR<\/b> y se presum\u00eda ejecutada en Neltume en octubre de 1973, figurando en la n\u00f3mina de detenidos desaparecidos del Informe Rettig. La situaci\u00f3n se conoci\u00f3 p\u00fablicamente en mayo de este a\u00f1o, cuando la oficina de migraciones de Suecia inform\u00f3, a solicitud de Canciller\u00eda, que una mujer chilena con el mismo nombre hab\u00eda obtenido la nacionalidad sueca<\/b> como refugiada y resid\u00eda actualmente en Mar del Plata, Argentina<\/b>. El Gobierno ha mantenido que no hay certeza<\/b> de que esta persona sea la militante del MIR. Se sabe, adem\u00e1s, que la hija de Vera es beneficiaria de una pensi\u00f3n estatal que se extendi\u00f3 por una discapacidad.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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