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Un grupo de universidades privadas, lideradas por la Corporaci\u00f3n de Universidades Privadas (CUP), se encuentra a horas de ingresar un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un presunto \u00absesgo\u00bb en la asignaci\u00f3n de aportes estatales, que, seg\u00fan las instituciones, vulnerar\u00eda la libre competencia. Fuentes conocedoras del proceso indican que la ofensiva legal podr\u00eda concretarse esta misma semana.<\/p>\n
La acci\u00f3n se origina en la convicci\u00f3n de varias casas de estudio de que la estructura actual de financiamiento y transferencias del Estado hacia las instituciones de educaci\u00f3n superior ha generado una discriminaci\u00f3n que favorece a las universidades estatales y a las tradicionales del Consejo de Rectores (Cruch), una situaci\u00f3n que, seg\u00fan las universidades privadas, se arrastra hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os.<\/p>\n
DISCRIMINACI\u00d3N EN FINANCIAMIENTO<\/strong><\/p>\n El malestar se intensific\u00f3 tras conocerse el Presupuesto de Educaci\u00f3n para 2026, lo que, seg\u00fan algunas fuentes, \u00abrebals\u00f3 el vaso\u00bb. El rector de la Universidad Central y presidente de la CUP, Santiago Gonz\u00e1lez, ha denunciado que los fondos basales se destinan \u00absolo a las universidades estatales y a las tradicionales del Consejo de Rectores (Cruch), haciendo caso omiso de que en nuestro pa\u00eds existen universidades privadas que acogen a m\u00e1s del 50% de la matr\u00edcula\u00bb.<\/p>\n En la misma l\u00ednea, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, lament\u00f3 que, al analizar el presupuesto, \u00abse evidencia nuevamente el sesgo en contra de las instituciones privadas\u00bb.<\/p>\n Uno de los principales argumentos de la ofensiva se centra en los nuevos aranceles regulados, que determinan las transferencias que hace el Estado por cada alumno con beneficio de gratuidad. Las instituciones privadas aseguran que estos nuevos guarismos implican aproximadamente $26 mil millones de pesos menos<\/b> de ingresos anuales para ellas, mientras que benefician a cierto tipo de universidades. Espec\u00edficamente, el an\u00e1lisis de las privadas apunta a que los nuevos aranceles cubren m\u00e1s del 100% del costo para las universidades tradicionales del Cruch, pero solo llegan a cerca del 93% para las privadas fuera del Consejo.<\/p>\n \u00abCabe preguntarse si la autoridad realmente persigue la mejora del sistema o si m\u00e1s bien busca afectar a las universidades privadas, generando una discriminaci\u00f3n arbitraria hacia ellas y sus estudiantes\u201d, sostuvo el rector Vargas.<\/p>\n VIOLACI\u00d3N A LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA<\/b><\/p>\n Las instituciones que presentar\u00e1n el escrito argumentan que la actual pol\u00edtica no respeta el principio de diversidad de proyectos educativos que establece la Ley 21.091 sobre educaci\u00f3n superior, considerando que las 26 universidades privadas vigentes representan casi la mitad del total.<\/p>\n Adem\u00e1s, como ejemplo del presunto favorecimiento estatal a otros tipos de instituciones, las universidades privadas han puesto sobre la mesa el \u00abactivo rol del Ejecutivo\u00bb en la compra del Instituto Arcos por parte de la estatal Universidad de Santiago, a la que se le aprob\u00f3 una garant\u00eda estatal de m\u00e1s de 32 mil millones de pesos.<\/p>\n La presentaci\u00f3n ante el TDLC, que hoy es presidido por Nicol\u00e1s Rojas, sumar\u00e1 un nuevo cap\u00edtulo al historial reciente de enfrentamientos entre las instituciones de educaci\u00f3n superior privadas y el gobierno. (NP-Gemini-La Tercera)<\/p>\n<\/div>\n