\n<\/p>\n
El Fiscal Nacional, \u00c1ngel Valencia<\/b>, present\u00f3 el Informe Estad\u00edstico del Estallido Social<\/b>, un documento de m\u00e1s de cien p\u00e1ginas que busca transparentar las cifras y la gesti\u00f3n judicial de la crisis de octubre de 2019, a solo un d\u00eda de cumplirse seis a\u00f1os de su inicio. La publicaci\u00f3n responde a una solicitud expresa de Valencia, en medio de las persistentes cr\u00edticas por la falta de resultados en las causas de violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) que marcaron ese periodo.<\/p>\n
El informe, elaborado por la Divisi\u00f3n de Estudios de la Fiscal\u00eda Nacional junto a la Unidad Especializada de Derechos Humanos, expone que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020<\/b> se registraron 32.901 casos<\/b>, involucrando a 21.766 imputados y 20.727 v\u00edctimas. El sistema penal se vio \u00abdesafiado no solo por el volumen, sino tambi\u00e9n por la complejidad y gravedad de los hechos\u00bb, detalla el texto, refiri\u00e9ndose a una \u00abcrisis sin precedentes\u00bb. El peak<\/i> nacional de delitos se produjo el 20 de octubre de 2019<\/b>, con 2.420 il\u00edcitos en 24 horas.<\/p>\n
La mayor carga del conflicto recay\u00f3 en la Regi\u00f3n Metropolitana<\/b>, que concentr\u00f3 casi la mitad de los ingresos (46,9%), con las fiscal\u00edas Oriente y Centro Norte a la cabeza. La Fiscal\u00eda Nacional debi\u00f3 redirigir recursos, designar fiscales preferentes y crear equipos de DD.HH. para atender las denuncias.<\/p>\n
El fen\u00f3meno m\u00e1s numeroso fue la violencia institucional<\/b>, con 11.506 causas<\/b> y 12.002 delitos registrados, de los cuales el 70,4% correspondi\u00f3 a apremios ileg\u00edtimos<\/b> y un 20% a abusos contra particulares. Tambi\u00e9n se consignaron 211 casos de torturas y 35 homicidios atribuidos a funcionarios p\u00fablicos. M\u00e1s de la mitad de estos hechos se concentr\u00f3 en Santiago y Providencia, siendo el eje Alameda\u2013Providencia<\/b> el punto m\u00e1s cr\u00edtico.<\/p>\n
Pese a la magnitud de las denuncias, el informe revela una baja resoluci\u00f3n judicial en estos casos: el 91% de las investigaciones est\u00e1 concluida<\/b>, pero solo el 4% termin\u00f3 con una salida judicial<\/b>. El 70% de las causas por violencia institucional fue archivada<\/b> sin llegar a juicio. De los casos con imputados conocidos, el 14,3% culmin\u00f3 con condena<\/b>, mientras que un 11,3% lo hizo con absoluci\u00f3n.<\/p>\n
Un s\u00edmbolo tr\u00e1gico del estallido, el trauma ocular<\/b>, fue detallado con 464 v\u00edctimas<\/b>, de las cuales 230 sufrieron p\u00e9rdida parcial o total de visi\u00f3n. El 84% de estas lesiones fueron causadas por proyectiles \u2014balines o bombas lacrim\u00f3genas\u2014 disparados por agentes del Estado. Pese a la gravedad, la mayor\u00eda de estos casos tambi\u00e9n fue archivada.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n document\u00f3 la otra cara de la violencia, registrando 3.293 delitos de maltrato contra agentes del Estado<\/b>, principalmente Carabineros, con 37 funcionarios con lesiones grav\u00edsimas. A diferencia de las causas por violencia institucional, en este grupo el 24% de los casos obtuvo sentencias condenatorias<\/b>.<\/p>\n
Otro foco del caos fueron los delitos contra la propiedad y el orden p\u00fablico<\/b>, con 11.143 delitos de saqueo<\/b> y da\u00f1os, junto con 8.000 delitos de des\u00f3rdenes p\u00fablicos. Las comunas de Macul, Las Condes y La Florida lideraron los robos a locales. El 78% de los imputados por saqueos eran hombres y menores de 30 a\u00f1os<\/b>. Las cifras muestran que entre octubre y noviembre de 2019 se concentr\u00f3 el 72% de todos los delitos del periodo.<\/p>\n
La georreferenciaci\u00f3n del conflicto traza un retrato n\u00edtido: el epicentro fue la Alameda, Plaza Baquedano, Providencia y \u00d1u\u00f1oa<\/b>, con focos de conflictividad en regiones como Valpara\u00edso y Antofagasta. La Fiscal\u00eda reconoce falencias institucionales, como la falta de protocolos espec\u00edficos<\/b> para investigar violencia institucional al inicio de la crisis, lo que solo fue subsanado parcialmente con la creaci\u00f3n de la Unidad Especializada de Derechos Humanos<\/b> en 2023.<\/p>\n
El reporte no establece responsabilidades institucionales, pero sus cifras demuestran una evidente brecha entre la magnitud del fen\u00f3meno y los resultados judiciales<\/b>. De las m\u00e1s de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con una sentencia condenatoria<\/b>, mientras que el grueso fue archivado, sobrese\u00eddo o no perseverado, dejando al descubierto las heridas judiciales que persisten. (NP-Gemini-Bio Bio Fiscal\u00eda)<\/p>\n
EL INFORME COMPLETO<\/strong><\/p>\n