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Hace una semana, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emiti\u00f3 un sorprendente fallo absolutorio en el denominado caso SQM, tras una investigaci\u00f3n que dur\u00f3 m\u00e1s de 11 a\u00f1os y un juicio de casi tres a\u00f1os. Por voto mayoritario, las juezas Mar\u00eda Teresa Barrientos y Claudia Santos absolvieron a los ocho acusados, mientras que la magistrada Carolina Paredes fue la \u00fanica en votar por condenar a siete de ellos.<\/p>\n
El veredicto impact\u00f3 profundamente al Ministerio P\u00fablico, especialmente porque las magistradas criticaron en fuertes t\u00e9rminos la labor fiscal, acus\u00e1ndola de vulnerar el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable. Este cuestionamiento se centr\u00f3 en la dilaci\u00f3n excesiva del proceso, atribuida principalmente a la Fiscal\u00eda, pero tambi\u00e9n con menci\u00f3n al tribunal por su rol en la demora.<\/p>\n
Inicialmente, la Fiscal\u00eda Nacional opt\u00f3 por mantener silencio, pero luego la fiscal regional de Valpara\u00edso, Claudia Perivancich, expres\u00f3 que exist\u00edan pruebas suficientes para condenar a los acusados. Sin embargo, el fiscal nacional, \u00c1ngel Valencia, reconoci\u00f3 recibir el veredicto con frustraci\u00f3n y apunt\u00f3 a responsabilidades institucionales a evaluar internamente.<\/p>\n
Valencia destac\u00f3 que la garant\u00eda del plazo razonable para un juicio debe considerar no solo la actividad de la Fiscal\u00eda sino tambi\u00e9n la decisi\u00f3n y gesti\u00f3n del tribunal, advirtiendo sobre una interpretaci\u00f3n parcial que eximir\u00eda al tribunal de su responsabilidad en la duraci\u00f3n del proceso.<\/p>\n
Revel\u00f3 adem\u00e1s que a ra\u00edz de una denuncia presentada por la defensa de Marco Enr\u00edquez-Ominami, se est\u00e1 evaluando iniciar un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades, decisi\u00f3n que ser\u00e1 tomada tras escuchar a los involucrados.<\/p>\n
La sentencia final ser\u00e1 notificada oficialmente en agosto de 2026, dejando pendiente la posibilidad de recursos legales por parte de la Fiscal\u00eda, que hasta ahora no ha descartado ninguna acci\u00f3n.<\/p>\n
Este fallo cierra uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de financiamiento ilegal en la pol\u00edtica chilena, marcando un precedente en cuanto a la duraci\u00f3n excesiva de las investigaciones y las garant\u00edas procesales, mientras genera profunda pol\u00e9mica y debate sobre la administraci\u00f3n de justicia en el pa\u00eds. (NP-Perplexity-La Tercera)<\/p>\n<\/div>\n