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<\/a><\/div>\nEl Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), liderado por la ministra Javiera Toro, enfrenta una intensa movilizaci\u00f3n de sus funcionarios, agrupados en la Asociaci\u00f3n de Funcionarios del Ministerio (Asofumi)<\/b>, a ra\u00edz de las modificaciones introducidas por la Direcci\u00f3n de Presupuestos (Dipres)<\/b> en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026.<\/p>\n
Desde el 26 de septiembre, los funcionarios protestan por cambios que, seg\u00fan denuncian, alteraron la estructura de programas sociales clave sin consulta, impactando su ejecuci\u00f3n y el modelo de gesti\u00f3n del Sistema Intersectorial de Protecci\u00f3n Social.<\/p>\n
Lester Campos<\/b>, presidente nacional de Asofumi, explic\u00f3 que el conflicto se origin\u00f3 cuando la Dipres decidi\u00f3 traspasar la totalidad de los programas de habitabilidad, seguridad alimentaria y v\u00ednculos a los servicios relacionados<\/b>, mientras que la propuesta original del ministerio solo consideraba trasladar la asistencia t\u00e9cnica.<\/p>\n
RIESGO DE POL\u00cdTICAS SOCIALES<\/strong><\/p>\nAsofumi acusa que las modificaciones implican un desmantelamiento parcial<\/b> del modelo de gesti\u00f3n, generando un \u00abd\u00e9ficit de recursos\u00bb y poniendo en riesgo la continuidad de equipos y beneficiarios. El listado de efectos advertidos incluye:<\/p>\n\n- Reducci\u00f3n de $2.000 millones<\/b> en distintas l\u00edneas program\u00e1ticas.<\/li>\n
- Disminuci\u00f3n del 15% en los cupos del Plan Protege Calle<\/b>.<\/li>\n
- Eliminaci\u00f3n de la l\u00ednea presupuestaria del Plan Integral de Bienestar<\/b> (m\u00e1s de $6.800 millones).<\/li>\n
- Rechazo a la apertura de glosas para contratar profesionales en las Oficinas Locales de la Ni\u00f1ez<\/b>.<\/li>\n
- Fragilidad en la continuidad de tratamientos<\/b> del Programa de Superaci\u00f3n de la Pobreza.<\/li>\n
- INTESIFICACI\u00d3N DE LA MOVILIZACI\u00d3N<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
El gremio, que agrupa a unos 900 funcionarios a nivel nacional, ha optado por una paralizaci\u00f3n parcial de funciones no cr\u00edticas<\/b>, aunque aseguran mantener los servicios esenciales y atenciones a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
La crisis se agudiz\u00f3 este lunes 10 de noviembre, cuando los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)<\/b> iniciaron una toma indefinida de sus oficinas<\/b> en todo el pa\u00eds, denunciando abandono institucional y recortes presupuestarios de $1.300 millones, lo que Asofumi considera un \u00abreflejo de un malestar transversal en el sector Desarrollo Social\u00bb.<\/p>\n
DI\u00c1LOGO SIN RESULTADOS<\/strong><\/p>\nDesde el Mideso, la ministra Toro y la subsecretaria Francisca Gallegos han sostenido reuniones con Asofumi y expusieron ante la Subcomisi\u00f3n Mixta de Presupuestos. El ministerio asegura que su propuesta intent\u00f3 mantener la administraci\u00f3n de programas clave como V\u00ednculos en la Subsecretar\u00eda de Servicios Sociales y garantizar la continuidad laboral, pero fue rechazada por las bases de los trabajadores, volviendo las tratativas al \u00abpunto cero\u00bb.<\/p>\n
El ministerio insiste en que los ajustes buscan una reorganizaci\u00f3n interna para evitar duplicidades<\/b> y optimizar la gesti\u00f3n, mientras que Asofumi ha intensificado su despliegue, buscando apoyo pol\u00edtico en el Congreso para revertir los cambios de la Dipres. (NP-Gemini-La Tercera).<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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