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Por \u00c1lvaro Ramis<\/p>\n
Cada vez que la delincuencia se vuelve insoportable y el miedo ocupa el centro de la vida cotidiana, reaparece la misma tentaci\u00f3n: sacar a los militares a la calle. La imagen es potente. Uniformes, fusiles, despliegue. Para una parte de la ciudadan\u00eda, representa orden; para los gobiernos, una se\u00f1al de acci\u00f3n; para la pol\u00edtica, una respuesta r\u00e1pida. Pero precisamente ah\u00ed radica el problema: se trata de una soluci\u00f3n que parece fuerte, pero que es estructuralmente d\u00e9bil.<\/p>\n
Lo m\u00e1s preocupante es que esta idea ya no proviene solo de sectores tradicionalmente asociados a discursos de \u201cmano dura\u201d. En las \u00faltimas semanas, varios alcaldes de la centoizquierda han comenzado a proponer el despliegue militar como respuesta al aumento de la delincuencia, sin detenerse mayormente en las consecuencias institucionales, pol\u00edticas y sociales que esta decisi\u00f3n implica. En ese gesto hay algo m\u00e1s grave que oportunismo: hay una renuncia silenciosa a principios que hist\u00f3ricamente distinguieron a ese sector, especialmente la defensa del control civil, los derechos humanos y la desmilitarizaci\u00f3n de la vida social.<\/p>\n
Desde el punto de vista de la seguridad p\u00fablica, la militarizaci\u00f3n ofrece m\u00e1s percepci\u00f3n que eficacia. Los soldados pueden patrullar, controlar accesos o custodiar infraestructura, pero no est\u00e1n preparados para enfrentar la delincuencia contempor\u00e1nea. El crimen que hoy inquieta a Chile no es improvisado ni espont\u00e1neo: es organizado, flexible y profundamente adaptativo. Se combate con inteligencia, investigaci\u00f3n, seguimiento financiero y coordinaci\u00f3n judicial. Nada de eso forma parte del n\u00facleo del entrenamiento militar. La presencia armada puede producir una baja moment\u00e1nea de ciertos delitos visibles, pero no desarticula redes ni reduce la violencia en el mediano plazo. El delito simplemente se desplaza, se reacomoda y espera.<\/p>\n
El recurso a las Fuerzas Armadas tambi\u00e9n revela un problema pol\u00edtico m\u00e1s profundo. Sacarlas a la calle es, en los hechos, admitir el fracaso del Estado civil para gobernar la seguridad. Es el atajo que evita enfrentar las reformas complejas y costosas: modernizar las polic\u00edas, depurar responsabilidades, fortalecer la persecuci\u00f3n penal, controlar el sistema penitenciario y combatir la corrupci\u00f3n. Cada vez que se opta por el despliegue militar, esas tareas quedan postergadas. Que esta salida sea hoy promovida tambi\u00e9n desde la izquierda muestra hasta qu\u00e9 punto el miedo ha logrado colonizar el debate p\u00fablico y empobrecer la imaginaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Hay, adem\u00e1s, un costo que rara vez se considera con seriedad: el que pagan las propias Fuerzas Armadas. Al involucrarlas en tareas de control del delito com\u00fan, se las expone a un terreno para el cual no est\u00e1n dise\u00f1adas. No hay enemigo definido ni reglas claras de enfrentamiento. Un error, un exceso o una muerte injustificada pueden destruir en minutos la legitimidad que una instituci\u00f3n tarda d\u00e9cadas en construir. Adem\u00e1s, al asumir funciones policiales, los militares quedan inevitablemente atrapados en la disputa pol\u00edtica cotidiana, evaluados por resultados que no dependen de ellos y asociados a decisiones gubernamentales impopulares. Lo que se presenta como una soluci\u00f3n pragm\u00e1tica termina siendo un desgaste institucional innecesario.<\/p>\n
El impacto social, sin embargo, es a\u00fan m\u00e1s profundo. La militarizaci\u00f3n del espacio p\u00fablico no se distribuye de manera neutral. Se concentra, casi siempre, en los mismos territorios: barrios perif\u00e9ricos, poblaciones, zonas empobrecidas. El mensaje que se transmite es claro: en esos lugares, el Estado entra armado. Problemas sociales complejos \u2014exclusi\u00f3n, abandono, falta de oportunidades\u2014 se traducen en una l\u00f3gica de control y sospecha permanente. Lejos de recomponer el tejido social, esta estrategia refuerza la estigmatizaci\u00f3n y la desconfianza.<\/p>\n
En Chile, este debate no ocurre en el vac\u00edo. La presencia militar en las calles arrastra una carga simb\u00f3lica que no puede ignorarse. Aunque el contexto sea distinto, la memoria hist\u00f3rica pesa. Por eso resulta particularmente grave que esta propuesta emerja tambi\u00e9n desde sectores que alguna vez comprendieron que la democracia no se fortalece sustituyendo pol\u00edtica por fuerza. Normalizar los uniformes en el espacio civil no resuelve el problema de la delincuencia: solo desplaza sus causas y debilita las bases del Estado de Derecho.<\/p>\n
Sacar a los militares a la calle puede calmar la ansiedad inmediata, pero no resuelve el problema de fondo. Se gana presencia, pero se pierde inteligencia; se proyecta autoridad, pero se erosiona legitimidad; se responde a la urgencia, pero se profundiza la fragilidad institucional. La delincuencia es un desaf\u00edo real y grave, pero enfrentarlo con soluciones que debilitan al propio Estado es una paradoja peligrosa.<\/p>\n
El verdadero desaf\u00edo no es mostrar fuerza, sino construir capacidad. Y eso exige algo mucho m\u00e1s dif\u00edcil que desplegar tropas: voluntad pol\u00edtica, reformas profundas y memoria hist\u00f3rica.<\/p>\n
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\u00c1lvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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