<\/a><\/div>\nLa discusi\u00f3n del proyecto de reajuste al sector p\u00fablico alcanz\u00f3 un punto cr\u00edtico en la Comisi\u00f3n de Hacienda de la C\u00e1mara de Diputados, tras las duras exposiciones de la contralora general, Dorothy P\u00e9rez, y la presidenta del Consejo Fiscal Aut\u00f3nomo (CFA), Paula Benavides. Ambas autoridades manifestaron su preocupaci\u00f3n por las implicancias administrativas y financieras de la iniciativa legal, centrando sus cr\u00edticas en la denominada \u00abnorma de amarre\u00bb y en la sostenibilidad presupuestaria del gasto permanente propuesto por el Ejecutivo.<\/p>\n
La contralora P\u00e9rez fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que las limitaciones al despido de funcionarios a contrata afectan directamente la carrera funcionaria. Seg\u00fan la autoridad, establecer criterios de \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb con plazos breves permite que personas ajenas a la administraci\u00f3n o con poca antig\u00fcedad accedan a cargos y grados superiores en desmedro de quienes llevan d\u00e9cadas en el sistema. Asimismo, denunci\u00f3 que el proyecto intenta modificar mediante una ley miscel\u00e1nea las facultades constitucionales de la Contralor\u00eda, lo que a su juicio requiere una norma de rango org\u00e1nico constitucional.<\/p>\n
Por su parte, Paula Benavides, desde el CFA, alert\u00f3 sobre un \u00abesfuerzo exigente\u00bb para financiar la iniciativa, cuyo costo total asciende a US$1.668 millones. La economista detall\u00f3 que existe una brecha de US$<\/span>822 millones sin fuentes de financiamiento claras, lo que obligar\u00eda a realizar reasignaciones presupuestarias cr\u00edticas. Benavides advirti\u00f3 que, en un escenario de estr\u00e9s fiscal, no identificar ingresos permanentes para cubrir gastos de igual naturaleza pone en riesgo la meta de balance estructural y podr\u00eda derivar en un mayor endeudamiento para el pa\u00eds.<\/p>\nEn el plano pol\u00edtico, la jornada estuvo marcada por el quiebre entre el Gobierno y su propia coalici\u00f3n. El ministro de Hacienda, Nicol\u00e1s Grau, intent\u00f3 moderar la pol\u00e9mica proponiendo elevar de dos a cinco a\u00f1os la antig\u00fcedad requerida para que un funcionario pueda reclamar ante la Contralor\u00eda. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas rechazaron esta modificaci\u00f3n, forzando el retorno a la propuesta original de dos a\u00f1os, lo que fue calificado por la oposici\u00f3n como un \u00abamarre ideol\u00f3gico inaceptable\u00bb que contradice los criterios de la Corte Suprema.<\/p>\n
Diputados de Renovaci\u00f3n Nacional, como Frank Sauerbaum y Diego Schalper, criticaron que la izquierda desahuciara la propuesta de su propio ministro para insistir en una protecci\u00f3n laboral que favorecer\u00eda a quienes ingresaron durante la actual administraci\u00f3n. Con estos cuestionamientos t\u00e9cnicos y pol\u00edticos, el proyecto de reajuste se encamina a una compleja votaci\u00f3n en la sala, donde la falta de consenso sobre el financiamiento y la estabilidad de la funci\u00f3n p\u00fablica marcar\u00e1n el debate de los pr\u00f3ximos d\u00edas. (NP-Gemini-Emol)<\/p>\n<\/p><\/div>\n