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Por \u00c1lvaro Ramis<\/p>\n
La ley Nain-Retamal se aprob\u00f3 en un contexto de alta presi\u00f3n pol\u00edtica y emocional. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido constatar que sus consecuencias son mucho m\u00e1s profundas y problem\u00e1ticas de lo que se quiso admitir durante su tramitaci\u00f3n. En particular, la consagraci\u00f3n de una leg\u00edtima defensa prioritaria para el uso de la fuerza policial ha alterado de manera significativa el equilibrio entre seguridad p\u00fablica, derechos fundamentales y control democr\u00e1tico del poder coercitivo del Estado.<\/p>\n
Precisamente por la gravedad de estos efectos, resulta indispensable abrir una auditor\u00eda pol\u00edtica a su tramitaci\u00f3n legislativa. No se trata de un ejercicio retrospectivo est\u00e9ril ni de una caza de culpables, sino de un proceso de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas que permita a la ciudadan\u00eda comprender c\u00f3mo, por qu\u00e9 y con qu\u00e9 argumentos se adoptaron decisiones que hoy est\u00e1n teniendo impactos estructurales en el sistema penal y en la relaci\u00f3n entre civiles y fuerzas policiales.<\/p>\n
La discusi\u00f3n p\u00fablica no puede reducirse a disputas t\u00e1cticas entre partidos ni a la necesidad de \u201ccuidar\u201d a la coalici\u00f3n oficialista. Cuando una ley introduce asimetr\u00edas tan marcadas en el procesamiento penal \u2014otorgando a agentes del Estado un est\u00e1ndar privilegiado para justificar el uso de la fuerza\u2014 lo que est\u00e1 en juego no es la estabilidad interna de un bloque pol\u00edtico, sino la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana en las instituciones democr\u00e1ticas. La pol\u00edtica no puede encerrarse en el c\u00e1lculo de costos internos cuando los efectos recaen sobre el conjunto de la sociedad.<\/p>\n
Una auditor\u00eda pol\u00edtica implica, en primer lugar, clarificar responsabilidades. Ello incluye a todos los parlamentarios en ejercicio que votaron a favor o facilitaron la aprobaci\u00f3n de la norma, as\u00ed como al Ejecutivo, que tuvo un rol activo en su impulso y promulgaci\u00f3n. El accountability legislativo no es un castigo moral, sino una condici\u00f3n b\u00e1sica de la democracia representativa: quienes legislan deben hacerse cargo de las consecuencias previsibles e imprevisibles de sus decisiones, especialmente cuando estas afectan derechos fundamentales.<\/p>\n
En segundo lugar, este proceso debe incorporar una mirada ciudadana, m\u00e1s all\u00e1 del lenguaje t\u00e9cnico-jur\u00eddico. La ley Nain-Retamal no es solo un texto normativo; es una se\u00f1al pol\u00edtica que redefine los l\u00edmites del uso leg\u00edtimo de la fuerza y las posibilidades de control judicial. Por ello, la evaluaci\u00f3n de su tramitaci\u00f3n debe considerar las advertencias que fueron deso\u00eddas, las alternativas que se descartaron y las razones por las cuales se opt\u00f3 por un dise\u00f1o que hoy muestra severas tensiones con est\u00e1ndares democr\u00e1ticos y de derechos humanos.<\/p>\n
Finalmente, una auditor\u00eda pol\u00edtica honesta abre la puerta a la correcci\u00f3n democr\u00e1tica. Reconocer errores, d\u00e9ficits deliberativos o apresuramientos no debilita a la pol\u00edtica; por el contrario, la fortalece. Persistir en el silencio o en la defensa cerrada por razones de conveniencia coyuntural solo profundiza la distancia entre ciudadan\u00eda e instituciones.<\/p>\n
La ley Nain-Retamal exige m\u00e1s que explicaciones defensivas. Exige un ejercicio p\u00fablico de responsabilidad pol\u00edtica, a la altura de sus consecuencias. Sin transparencia, sin clarificaci\u00f3n de responsabilidades y sin un verdadero proceso de rendici\u00f3n de cuentas, el costo no lo pagar\u00e1n los partidos ni los gobiernos de turno, sino la legitimidad misma del Estado de derecho.<\/p>\n
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\u00c1lvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.<\/p>\n
Santiago de Chile, 14 de enero 2026
Cr\u00f3nica Digital<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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