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Legisladores de la Región de O’Higgins y miembros de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados reaccionaron con dureza ante la remoción de la plana ejecutiva de la División El Teniente. Tras conocerse que una auditoría interna detectó el ocultamiento de antecedentes técnicos vinculados a la tragedia que costó la vida a seis trabajadores en julio de 2025, los parlamentarios calificaron los hechos como de “máxima gravedad” y cuestionaron la permanencia del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.
El diputado Marco Antonio Sulantay, presidente de la Comisión de Minería, anunció la citación de los máximos representantes de Codelco para que entreguen detalles sobre las desvinculaciones y el plan de reparación para las familias de las víctimas. Sulantay enfatizó que, una vez constatada la negligencia por la propia empresa, es fundamental asegurar que los deudos sean debidamente indemnizados, sin perjuicio de las investigaciones penales que correspondan contra los ejecutivos responsables.
Desde diversos sectores políticos se apuntó a la responsabilidad de la alta dirección. La diputada Natalia Romero y el parlamentario Benjamín Moreno coincidieron en que Pacheco debe dejar de eludir su responsabilidad por la verticalidad del mando, criticando que siempre se persiga a mandos medios cuando ocurren crisis de esta magnitud. En la misma línea, el diputado Cristian Tapia emplazó al presidente electo, José Antonio Kast, a designar personas idóneas que prioricen la vida de los trabajadores por sobre las metas de producción.
La diputada Yovana Ahumada recordó que las condiciones de riesgo y la precarización en las faenas han sido denunciadas durante años en comisiones investigadoras, por lo que el resultado de la auditoría solo viene a confirmar las sospechas de los fiscalizadores. Por su parte, la parlamentaria Marta González valoró la salida de los ejecutivos involucrados, señalando que existían antecedentes previos de malas prácticas donde se ignoraban las denuncias de los sindicatos sobre la falta de seguridad en las operaciones.
Finalmente, los legisladores instaron al Ministerio Público a actuar con rapidez y eficacia frente a los delitos de ocultamiento y distorsión de información oficial. Los parlamentarios advirtieron que la reestructuración “radical” de la División El Teniente no será suficiente si no se garantiza un cambio profundo en la cultura organizacional de la estatal, que actualmente acumula un trágico historial de accidentes fatales bajo la actual administración. (NP-Gemini-Emol)
