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A menos de 72 horas de la instalación del nuevo gobierno, la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) anunció que utilizará todas las herramientas institucionales, incluyendo el Tribunal Constitucional (TC), para frenar el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast. Los legisladores calificaron la iniciativa como una “reforma tributaria encubierta” y denunciaron que la limitación de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años representa un retroceso inconstitucional en los derechos sociales adquiridos.
La diputada Daniela Serrano lideró las críticas, señalando que el proyecto busca beneficiar a los sectores de mayores ingresos mientras despoja de beneficios a los estudiantes. Por su parte, el diputado Luis Cuello argumentó que el recorte anunciado constituye una “discriminación arbitraria” que vulnera el principio de igualdad ante la ley. A esta ofensiva se sumó la diputada Nathalie Castillo, quien reafirmó el rol fiscalizador de la bancada frente a lo que consideran políticas regresivas que afectan directamente a las familias chilenas.
La amenaza de judicialización no se limita al ámbito educativo. El PC también evalúa recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el anuncio presidencial de posibles indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social. Otros sectores de la oposición, como el PPD y el Partido Socialista, han iniciado sus propios procesos de análisis técnico junto a exautoridades como Álvaro García y Mario Marcel para coordinar una respuesta fundamentada a las medidas de Hacienda.
Este escenario de alta tensión coincide con las advertencias del timonel comunista, Lautaro Carmona, sobre la falta de articulación entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda. Según Carmona, la carencia de una estrategia unificada tras el cónclave en La Moneda facilita que la actual administración consolide una gobernanza sin mayores contrapesos legislativos, lo que obliga a las colectividades a actuar por cuerdas separadas frente a los decretos del Ejecutivo. (NP-Gemini-La Tercera-Agencias)
