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Con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería (N°21.325). La iniciativa busca establecer barreras más estrictas para el acceso a ayudas estatales, priorizando la asignación de recursos públicos a ciudadanos nacionales y extranjeros con residencia definitiva.
El corazón del proyecto radica en la obligatoriedad de contar con una cédula de identidad vigente otorgada por el Registro Civil para postular a cualquier beneficio de cargo fiscal o inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH). Además, se prohíbe explícitamente la entrega de números identificatorios temporales a quienes hayan ingresado al país por pasos no habilitados.
EJES DE LA REFORMA
El texto aprobado introduce modificaciones clave que impactan la distribución de la red de protección social:
- Salud y Educación: El nuevo artículo 17 bis faculta al Estado para priorizar la atención médica y la cobertura educativa en favor de chilenos por sobre extranjeros en situación irregular.
- Vivienda y Subsidios: Para acceder a aportes económicos directos, subsidios habitacionales o de arriendo, se requerirá contar con residencia definitiva en el país.
- Desincentivo a la Irregularidad: El proyecto establece que el ingreso clandestino anula cualquier posibilidad de obtener una identificación oficial, cerrando la puerta a la regularización por la vía de los hechos.
JUSTICIA SOCIAL VS LEGISLACIÓN CAVERNARIA
El debate en la sala reflejó la profunda polarización que genera la política migratoria bajo la actual administración:
| Sector | Argumentos Principales | Voceros Clave |
| Oficialismo (Rep/UDI/RN) | Apuntan a la priorización del gasto ante la estrechez fiscal y la necesidad de dar señales de orden. Aseguran que no se niegan derechos básicos en emergencias, sino subsidios económicos (Bono Marzo, subsidios de arriendo). | Luis Sánchez (Rep), Cristóbal Martínez (UDI), Claudia Mora (RN). |
| Oposición (PC/FA) | Califican la medida de “cavernaria” e “inhumana”, acusando que se pone en riesgo la atención de niños, embarazadas y enfermos. Critican el sesgo histórico frente a otras olas migratorias. | Lorena Pizarro (PC), Ericka Ñanco (FA). |
Desde el oficialismo, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) defendió la medida como una forma de “verdadera justicia social” para los chilenos más vulnerables. Por el contrario, la diputada Lorena Pizarro (PC) cuestionó la moralidad de legislar restringiendo derechos básicos a personas enfermas, mientras que Ericka Ñanco (FA) tildó de “aberrante” la postura de sectores cuyos ancestros europeos también recibieron subvenciones estatales en el pasado.
El proyecto ahora pasa a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se espera una discusión igualmente intensa sobre los límites de la solidaridad estatal y el control fronterizo. (NP-Gemini-Emol)
