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Un estudio elaborado por TECHO–Chile con datos de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2024 muestra que en los asentamientos irregulares o campamentos, la pobreza extrema subió al 34,9 por ciento y el fenómeno se explica por exclusión del acceso a vivienda, crédito y suelo urbano.
Según el informe, la pobreza en estos lugares alcanza al 66% de los hogares, triplicando el 17,3% registrado a nivel país. La estimación se construye a partir de la categoría de “tenencia irregular”, que agrupa a familias sin título formal sobre el terreno o vivienda.
El contraste es evidente al observar la evolución. Mientras la pobreza a nivel nacional disminuyó en 3,2 puntos porcentuales entre los años 2022 y 2024, en los hogares con tenencia irregular la reducción fue de apenas un punto. En paralelo, la pobreza extrema mostró una tendencia inversa: cayó de 8,5% a 6,9% en el total del país, pero aumentó de 31,4% a 34,9% en estos sectores.
El informe identifica a estos hogares como el núcleo más crítico del déficit habitacional, superando a otras formas de precariedad como el hacinamiento o el allegamiento externo. Esta situación da cuenta que el problema no se limita al nivel de los ingresos, sino al acceso a soluciones habitacionales formales.
En términos territoriales, la pobreza en campamentos presenta una distribución desigual. Las regiones del norte del país, junto con O’Higgins y La Araucanía, concentran los niveles más altos. En zonas como Arica, más del 80% de los hogares en estos asentamientos vive en situación de pobreza.
Desde TECHO–Chile advirtieron sobre el riesgo de consolidar focos de exclusión en las ciudades. “Las familias de campamentos se están quedando abajo de los avances en la superación de la pobreza. Esto va generando verdaderos bolsones de marginalidad”, señaló su director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez.
El informe instala un contraste entre la evolución de los indicadores nacionales y la realidad de los asentamientos precarios, evidenciando una brecha que tensiona los avances en materia de desarrollo social.
Santiago, 10 de abril de 2026.
Crónica Digital.
