Por Melina Gianelli y Michelle Valencia
Ser mujer y atreverse a participar en política sigue siendo, en muchos casos, un acto de valentía. Más aún cuando se ha debido transitar por situaciones de violencia o procesos judiciales que, lejos de ofrecer reparación y garantías reales, terminan convirtiéndose en una nueva forma de exposición pública y estigmatización.
Algunas candidatas, tras años de haber enfrentado denuncias, conflictos familiares o medidas judiciales, son nuevamente juzgadas, esta vez por los medios. Se olvidan los contextos, se omite la evolución de los procesos, y se amplifica el prejuicio. No se informa: se señala. No se investiga: se condena.
Lo que ocurre no es un problema de un partido o de una tendencia. Es un síntoma profundo de un sistema que no protege a las mujeres, ni en los tribunales ni en la opinión pública. Las medidas alternativas, como los acuerdos o principios de oportunidad, no son soluciones de fondo: muchas veces son salidas administrativas a procesos donde las víctimas no encuentran ni justicia ni contención real.
Es urgente una reforma profunda del sistema judicial y legal, para asegurar procesos con perspectiva de género, con garantías efectivas y con reparación real. Pero también urge una reforma ética en los medios, que deben recordar que la función del periodismo no es amplificar la violencia simbólica, sino ayudar a desmantelarla.
Cuando una mujer es desinformada, caricaturizada o reducida a un titular, no se daña solo su imagen: se daña el derecho de todas a participar en igualdad de condiciones.
La violencia contra las mujeres no siempre lleva golpes visibles. A veces se disfraza de noticia, de rumor o de prejuicio social.
Y mientras eso siga ocurriendo, la democracia seguirá siendo, también, una promesa incompleta.
Santiago de Chile, 1 de noviembre 2025
Crónica Digital