admin
Este martes, el abogado Raúl Meza, representante de la Fundación Verdad y Justicia, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en defensa de los internos del penal Punta Peuco. La acción judicial busca frenar el decreto presidencial que ordena convertir el recinto en una cárcel común, calificando la medida como “ilegal y arbitraria”.
El recurso sostiene que la decisión del Presidente Gabriel Boric vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los condenados que actualmente cumplen penas en Punta Peuco. Según Meza, la convivencia con reos comunes podría exponer a los internos a situaciones de violencia, tráfico y robos, propias de cárceles tradicionales.
En el documento presentado, se advierte que la llegada de reclusos jóvenes y violentos al penal representa un “riesgo inminente” para los adultos mayores que allí se encuentran. Por ello, se subraya la importancia de mantener la segmentación penitenciaria como medida preventiva frente a posibles riñas y agresiones.
El abogado cuestionó públicamente si las autoridades evaluaron la viabilidad de mezclar perfiles tan distintos de reclusos. “¿Pueden convivir reos ancianos y enfermos con reos jóvenes y violentos?”, planteó Meza, dirigiéndose directamente al Presidente Boric y al Ministro de Justicia.
Para reforzar su argumento, el recurso cita tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según Meza, el Estado estaría incumpliendo su deber de proteger a los adultos mayores privados de libertad.
La solicitud busca que se declare ilegal o arbitrario el decreto presidencial y que Punta Peuco mantenga su carácter de penal especial. En caso de que el recurso no prospere, Meza adelantó que espera que un futuro gobierno revierta la medida.
El abogado reveló que ha sostenido conversaciones con al menos tres candidatos presidenciales, quienes habrían manifestado su compromiso de dejar sin efecto el decreto en caso de llegar a La Moneda. Incluso, señaló que algunos de ellos estarían dispuestos a otorgar indultos presidenciales a condenados por causas de derechos humanos.
Finalmente, Meza recordó que la facultad de indultar es exclusiva del Presidente de la República, y que, si se considera que existen antecedentes suficientes, puede ejercerla dentro del marco constitucional. (NP-Copilot-La Tercera)
