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La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la libertad de los cinco principales imputados en la arista metropolitana del caso Procultura. El escrito, ingresado por el fiscal Cristián Aguilar, busca dejar sin efecto la resolución del juez de garantía Patricio Álvarez, quien la semana pasada desestimó la prisión preventiva para el exdirector de la fundación, Alberto Larraín, y otros cuatro excolaboradores y funcionarios públicos. Los investigadores insisten en que la gravedad de los delitos y el patrimonio fiscal afectado, que supera los 1.680 millones de pesos, justifican la medida cautelar más gravosa.
En su argumentación de 110 páginas, el Ministerio Público sostiene que el tribunal no valoró adecuadamente la existencia de una actuación en grupo o pandilla, factor que elevaría el reproche penal y el peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscalía recalca que el programa cuestionado, destinado a la prevención del suicidio, no se ejecutó en su totalidad, perjudicando a la comunidad en una materia de alta sensibilidad social. Además, el recurso enfatiza la calidad de funcionario público de Alberto Larraín, basándose en su designación por el Consejo Regional Metropolitano como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago.
Por su parte, la defensa de Larraín, representada por el abogado Cristián Arias, cuestionó la solidez de la indagatoria, acusando a la fiscalía de sostener tesis contradictorias. Arias señaló que el ente persecutor ha alternado entre figuras como fraude al fisco, estafa, administración desleal y, ahora, apropiación indebida. Según el jurista, esta falta de claridad en la tipificación delictiva refuerza la tesis del juez de garantía de que, hasta el momento, no existen antecedentes suficientes para acreditar la comisión de un ilícito que amerite la privación de libertad de sus representados.
La apelación también aborda el rol del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, cuya solicitud de desafuero podría ser revisada este jueves. El texto del Ministerio Público sugiere la existencia de un concierto previo entre la autoridad regional, la exjefa de división Evelyn Magdaleno y Alberto Larraín para la implementación del convenio. Según los investigadores, el hecho de que el proyecto haya cumplido con trámites administrativos formales no exime a los involucrados de la responsabilidad por la presunta infracción a los deberes funcionarios y la malversación de fondos públicos. (NP-Gemini-Emol)
