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En esta fecha y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, levantamos nuestra voz desde los espacios públicos y privados, desde lugares cercanos y remotos, como mujeres latinoamericanas, organizadas y defensoras de los derechos humanos.
Recordamos a tantas mujeres que en el tiempo han luchado y luchan por sus condiciones laborales -incluida la jornada laboral y la demanda de igual salario ante igual labor-, la protección de la maternidad, la proscripción del trabajo infantil, el derecho a voto y la igual participación social y política, el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al cuidado infantil para las madres trabajadoras; la atención y defensa de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad o que sufren violencia de género, entre otros aspectos, que se insertan en la lucha por la vigencia efectiva de los principios y normas básicas del sistema internacional de los derechos humanos: la dignidad de la persona, igualdad y no discriminación y la integralidad e indivisibilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales.
Conmemoramos este 8 de marzo en un contexto mundial de atroces atropellos a los derechos humanos y al derecho internacional, promovidos o con el silencio cómplice de potencias que se postulan como “democráticas”. En particular, Estados Unidos, que presenta un largo historial de crímenes, invasiones, operaciones de cambio de régimen, medidas coercitivas unilaterales, etc. y que hoy vulnera la soberanía de los pueblos, pone en peligro la paz mundial, vulnerando el actual orden mundial basado en el respeto a las reglas reemplazándolo por la ley del más fuerte.
Llamamos a estar alerta y reaccionar frente a los anuncios del nuevo Gobierno de ultraderecha, marcados por anuncios de retrocesos democráticos y regresión en materia de derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres, que constituyen una amenaza real para nuestra convivencia social y una trasgresión de las obligaciones internacionales contraídas. No se trata solo de un cambio en la administración del Estado, ni de una diferente gestión, sino de un proyecto político que involucra un retroceso general en derechos sociales, restricciones y amenazas al derecho a la protesta y a la organización social, y amenaza en materia de derechos sexuales y reproductivos y relativización de la violencia de género.
Exigimos al Estado de Chile cumplir sus obligaciones internacionales, contenidas en instrumentos internacionales como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1989), la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1967) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1998); que son
