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En una sesión marcada por la urgencia legislativa ante el fin del ciclo parlamentario, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de reforma al sistema político. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, destacó que el avance permite cumplir con el mandato del Presidente Boric de minimizar la fragmentación partidaria sin sacrificar la representatividad. Entre los cambios principales, se acordó fijar en 0,3% del padrón electoral (aproximadamente 46 mil firmas) el requisito mínimo para constituir un partido político, un ajuste frente al 0,5% que se barajaba inicialmente en el Senado.
La discusión no estuvo exenta de fuertes polémicas, especialmente tras la aprobación de una indicación de la diputada Joanna Pérez (Demócratas). Esta norma permitiría, de forma excepcional para la elección de 2025, que colectividades que no alcancen el umbral de votación pero elijan al menos un diputado puedan fusionarse para evitar su disolución. El diputado Daniel Manouchehri (PS) fustigó la medida, calificándola como un “traje a la medida” para partidos como Demócratas y Evópoli, que actualmente enfrentan riesgos de desaparición legal por falta de respaldo ciudadano.
En materia de financiamiento y disciplina, el proyecto establece reglas estrictas para desincentivar el “díscolaje”:
- Financiamiento: Los partidos sin representación parlamentaria no podrán acceder a fondos públicos.
- Transfuga: Si un parlamentario renuncia a su partido, el financiamiento y las asignaciones del comité permanecerán en la colectividad de origen, impidiendo que el legislador “se lleve” los recursos a su nueva tienda.
- Disciplina: Se confirmó que la pérdida del escaño para quienes renuncien a sus partidos se tramitará de forma paralela como un complemento a esta ley.
El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, valoró el acuerdo como un avance de Estado, pese a las tensiones por las cláusulas de fusión. Ahora, la reforma pasará a su votación definitiva en la Sala de la Cámara, donde el Ejecutivo espera reponer indicaciones sobre la violencia política y el control de los parlamentarios independientes, buscando estabilizar la gobernabilidad antes del cambio de mando. (NP-Gemini-La Tercera)
