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Las asociaciones gremiales del Poder Judicial de Chile, representativas de los diversos estamentos del sistema judicial ANEJUD, APRAJUD, ANCOT, ANFUCAPJ y OTJ, declaramos a la opinión pública y a las autoridades del país lo siguiente:
En el marco del Oficio Circular N°12 del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de marzo de 2026, que instruye la implementación de un Plan de Ajuste Fiscal con una rebaja transversal del 3% del gasto público, expresamos nuestra seria preocupación y alerta institucional respecto de los efectos que dicha medida puede generar en el funcionamiento del sistema de justicia, considerando además el grave déficit de dotación de personal, consecuencia en gran medida de normas y leyes implementadas sin la adición de funcionarios necesarios para su ejecución, lo que impacta directamente en el funcionamiento de las unidades judiciales y la respuesta efectiva a la ciudadanía.
Si bien reconocemos la importancia de la responsabilidad fiscal, debemos señalar con claridad que la aplicación de medidas de ajuste de carácter uniforme y sin distinción funcional entre los distintos órganos del Estado desconoce la naturaleza, rol y obligaciones constitucionales del Poder Judicial, particularmente en lo relativo a la garantía del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
El sistema de justicia no constituye un servicio público cualquiera. Se trata de una función esencial del Estado, cuyo debilitamiento impacta directamente en la vigencia del Estado de Derecho, en la protección de los derechos fundamentales y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Estas medidas, aplicadas al ámbito judicial, no solo afectan la gestión administrativa, sino que inciden directamente en la función jurisdiccional, generando sobrecarga estructural, retrasos en la tramitación de causas y deterioro en la calidad del servicio de justicia.
Cabe hacer presente que el propio instructivo establece que el ajuste tiene carácter permanente y que su implementación será responsabilidad de cada servicio, lo que implica que sus efectos no serán transitorios, sino que configurarán un nuevo estándar de funcionamiento institucional, con consecuencias que podrían ser difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.
Desde la perspectiva de quienes integramos el Poder Judicial, resulta indispensable advertir que la labor que desempeñan funcionarias y funcionarios -incluidos jueces, juezas, profesionales de la administración, Consejeros Técnicos, profesionales y personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial- se desarrolla en contextos de alta complejidad técnica y alta carga laboral, especialmente en materias vinculadas a infancia, familia, violencia, relaciones laborales, derechos fundamentales y criminalidad. La reducción de recursos en este escenario no es neutra: impacta directamente en la toma de decisiones, en la calidad de las intervenciones y en la protección efectiva de derechos.
Asimismo, esta situación tensiona de manera relevante las condiciones laborales, pudiendo afectar la salud física y mental de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del sistema, lo que resulta incompatible con los estándares mínimos de protección en el trabajo y con una administración de justicia moderna y eficiente.
Por lo anterior, declaramos:
1. Que las medidas de ajuste fiscal, en la forma planteada, no pueden ser implementadas sin un análisis diferenciado del Poder Judicial, atendida su naturaleza constitucional y su rol en la garantía de derechos fundamentales.
2. Que la aplicación de recortes presupuestarios que afecten la capacidad operativa del sistema de justicia compromete directamente el acceso a la justicia de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables.
3. Que la ausencia de una evaluación de impacto específica para el Poder Judicial constituye un riesgo institucional que debe ser abordado con urgencia.
En virtud de lo expuesto, solicitamos:
Al Poder Ejecutivo:
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Revisar la aplicación de la rebaja presupuestaria al Poder Judicial, incorporando criterios de diferenciación institucional.
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Garantizar que las medidas de ajuste no comprometan el funcionamiento del sistema de justicia ni la protección de derechos fundamentales, sobre todo en relación con el subtítulo 21 de la partida presupuestaria del Poder Judicial.
A la Excelentísima Corte Suprema:
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Ejercer plenamente su rol de jefatura superior del Poder Judicial, evaluando el impacto de estas medidas y adoptando las acciones necesarias para resguardar la función jurisdiccional.
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Velar por la protección de las condiciones laborales de sus funcionarias y funcionarios, en coherencia con los principios que rigen la función pública.
A las autoridades del Estado en su conjunto:
Finalmente, como asociaciones gremiales, manifestamos nuestra disposición a contribuir a un diálogo serio y responsable que permita compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la continuidad y calidad del servicio de justicia, pero advertimos con claridad que no es posible fortalecer el Estado de Derecho debilitando uno de sus pilares fundamentales.
Suscriben
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Nicolas Santibáñez Ramirez – Presidente Nacional Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Poder Judicial. ANEJUD CHILE
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Eduardo Quijón Aravena – Presidente Nacional Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ANCOT
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Patricio Aguilar Paulsen – Presidente Nacional Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial. APRAJUD
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Katherine Galarce Muñoz – Presidenta Nacional Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ANFUCAPJ
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Marcelo Acevedo Vallejos – Presidente Nacional Organización de Trabajadores Judiciales. OTJ
Santiago de Chile, 20 de marzo 2026
Crónica Digital
