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La instalación del nuevo Gobierno ha estado marcada por una serie de anuncios en materia de derechos humanos que han generado un intenso debate político y jurídico. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó que la concesión de indultos a uniformados condenados por incidentes durante el estallido social es solo el primer paso de una estrategia mayor. Según el dirigente, el objetivo final es reformar la justicia militar para que los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales castrenses y no civiles en casos relativos al uso de la fuerza.
CUESTIONAMIENTO A LA IDONEIDAD DE LA JUSTICIA CIVIL
Squella argumentó que es necesario contar con jueces que conozcan los protocolos militares y el manejo de la fuerza, poniendo en duda la capacidad de la justicia ordinaria para resolver estos procesos. A través de sus redes sociales, el exdiputado sostuvo que se deben ajustar las normas para proteger a quienes “defienden la patria”, vinculando directamente esta medida con la lucha contra la delincuencia. Esta propuesta implicaría revertir la reforma de 2010 que limitó la competencia de los tribunales militares exclusivamente a delitos institucionales cometidos por uniformados activos.
REACCIONES DE ABOGADOS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Expertos en la materia han calificado la iniciativa como un “retroceso enorme” y una “involución”. El abogado Nelson Caucoto señaló que la justicia militar carece de la objetividad necesaria para juzgar delitos comunes o violaciones a los derechos humanos, recordando la opacidad de dichos tribunales en el pasado. Por su parte, desde Amnistía Internacional y el centro de Derechos Humanos de la UDP, advirtieron que esta estrategia busca reescribir la historia judicial del país, otorgando privilegios procesales a un sector específico y vulnerando el principio de igualdad ante la ley.
CASOS EMBLEMÁTICOS BAJO LA LUPA DEL INDULTO
En el centro de la controversia se encuentra la posible liberación de figuras como el capitán de Ejército José Faúndez, condenado por la muerte de Romario Veloz en 2019. Mientras el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha defendido la labor de los militares en dicho contexto, abogados querellantes afirman que los fallos judiciales ya demostraron que no hubo defensa de la ciudadanía, sino un uso ilegítimo de la fuerza. La discusión sobre estos beneficios carcelarios promete ser uno de los ejes de mayor fricción entre la actual administración y los organismos internacionales de justicia. (NP-Gemini-El Mostrador/Claudio Pizarro)
