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El Gobierno de José Antonio Kast solicitó este lunes el retiro desde la Contraloría General de la República del Decreto Supremo N° 2 de 2026, el cual contiene el reglamento indispensable para la ejecución de la nueva Ley de Adopción (Ley 21.760). La medida, gestionada a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, implica que la normativa —promulgada bajo la administración de Gabriel Boric— entra en una fase de suspensión indefinida, impidiendo su entrada en vigencia hasta que el Ejecutivo ingrese un nuevo documento actualizado.
ARGUMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió la decisión asegurando que no se trata de un retroceso, sino de un esfuerzo por trabajar con seriedad para que el país avance de manera sólida. El documento enviado a la contralora Dorothy Pérez justifica el retiro bajo la necesidad de proceder a una “actualización” de los contenidos del reglamento. No obstante, la pausa administrativa afecta directamente la implementación de los mecanismos que buscaban reducir los tiempos de espera en los procesos de adopción, los cuales actualmente pueden extenderse por más de seis años.
CRÍTICAS POR SESGO CONSERVADOR
Desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó la acción como “inaceptable” y acusó al Ejecutivo de actuar bajo un “sesgo conservador”. La parlamentaria enfatizó que el retraso en la implementación de la ley perjudica principalmente a los niños, niñas y adolescentes que esperan una resolución sobre su situación familiar. Schneider recordó que la normativa ya es ley de la República y exigió su pronta puesta en marcha, cuestionando si el retiro responde a una voluntad política de dilatar los cambios introducidos en el sistema de adopciones.
ALCANCE DE LA NUEVA NORMATIVA EN PAUSA
La Ley 21.760 tiene como ejes centrales la agilización y simplificación de los procesos judiciales y administrativos, además de incorporar una evaluación formativa obligatoria para los futuros padres adoptivos. Con el retiro del reglamento, estos pilares quedan sin operatividad técnica, manteniendo vigente el sistema anterior mientras el Ministerio de Desarrollo Social realiza los ajustes anunciados. La situación se suma a otras revisiones de decretos y expropiaciones que han marcado la agenda del actual Gobierno durante el mes de marzo. (NP-Gemini-Bio Bio)
