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Por su importancia, compartimos comunicado de la Coordinadora Interpartidaria por los Derechos Humanos:
1. El Gobierno de José Antonio Kast ha removido jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, política clave para esclarecer el destino de detenidos desaparecidos de la dictadura. Las personas desvinculadas lideraban áreas estratégicas en derechos humanos. Como en otros casos, ha prevalecido en la autoridad una completa falta de transparencia en los fundamentos de su decisión. No hay duda que ello es resultado de las concepciones negacionistas que prevalecen en el actual Gobierno.
Desde el Ministerio de Justicia se argumentó que estos cambios responderían a “nuevos lineamientos”, sin detallar criterios técnicos ni la continuidad del trabajo en curso. Más allá de que se nombrara en la jefatura del Programa de Derechos a una abogada que cuenta con experiencia en la materia, la envergadura de las modificaciones en la conducción de equipos especializados afecta gravemente los avances logrados en investigación, poniendo en riesgo la continuidad de un trabajo realizado a lo largo un prolongado tiempo.
Las medidas han afectado a la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, con una experiencia de 14 años de desempeño en la instancia y bajo gobierno de diferente orientación, incluso desde antes de la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos. A ello se suman la coordinadora del Área de Archivos e Investigación Documental, Tamara Lagos; y la coordinadora del Área de Búsqueda y Trayectorias, Magdalena Garcés, las que ingresaron al servicio por concurso público; y el coordinador de Administración Judicial de la Subsecretaría, Marcelo Orellana.
Rechazamos esta medida y solicitamos que el Gobierno proceda a su reconsideración.
2. La situación es grave y no puede reducirse a un mero trámite administrativo. Un paso de enorme importancia en el camino de la sociedad chilena hacia la verdad y la justicia fue la publicación el 10 de noviembre del año 2023 del Decreto Supremo N° 98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Desde 1991 el Estado de Chile calificó víctimas de desaparición forzada a un total de 1.469 personas, de las cuales, a 2023, solo 307 personas habían sido identificadas, por lo que la totalidad de los demás casos se encontraban pendientes de esclarecimiento.
3. Resolver esta grave situación representa un imperativo para el Estado. Como se sabe, la Constitución Política de la República establece en su Artículo 5 que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Ahora bien, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue ratificada por Chile en el año 2010, establece que la práctica sistemática de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, como está definido en el derecho internacional. Precisa que la desaparición forzada constituye un delito de “carácter continuo” e indica que “cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en el caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.
4. Los hechos muestran que el Programa de Derechos Humanos participa hasta ahora en más de 430 causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos.
También indican que el Plan de Búsqueda ha realizado un trabajo amplio y riguroso, con resultados tangibles, tales como la identificación de una posible fosa de ocultamiento de detenidos desaparecidos en la comuna de Macul; el reconocimiento de la desaparición forzada de Luis Pino Soto, un estudiante secundario de Arica, de 15 años; y una acción penal por inhumación y exhumación ilegal de 110 detenidos desaparecidos en la Cuesta Barriga.
Todo ello en consistencia con el objetivo del Plan de “esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.
5. Pensamos que lo ocurrido muestra la urgencia de promulgar una ley para garantizar la institucionalización del Plan Nacional de Búsqueda, su financiamiento y la protección de su personal y sus archivos, evitando que dependa de la voluntad política de los gobiernos de turno. Una institucionalización que asuma el Plan como la herramienta de una política permanente y de Estado. Ese propósito ya se encuentra en marcha, con la aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que propone la consagración del Plan en una ley para asegurar su estabilidad y continuidad institucional.
En este sentido, hacemos un llamado al Parlamento a concluir la tramitación legislativa de este proyecto de ley que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda y proceder a su pronta aprobación. No tenemos dudas que sería un gesto que honraría los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de derechos humanos, y que por mandato constitucional el Estado tiene obligación de cumplir.
También sería un gesto que contribuiría al futuro de verdad, justicia y memoria al que debe transitar Chile.
Santiago, 3 de abril de 2026.
Crónica Digital.
