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Movimientos de última hora marcaron la tramitación en la Cámara de Diputados de Chile de los proyectos de seguridad escolar impulsados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, evidenciando la falta de una estrategia común entre oficialismo y oposición.
Uno de los ajustes acordados fue derivar a la Comisión de Constitución la iniciativa que modifica el Código Penal para endurecer sanciones por violencia en establecimientos educacionales. En tanto, el segundo proyecto —que contempla medidas como revisión de mochilas y restricciones a la gratuidad universitaria— quedó radicado únicamente en la Comisión de Educación, pese a intentos por ampliar su discusión a otras instancias.
Este último texto generó mayor controversia, especialmente por la propuesta de inhabilitar el acceso a la gratuidad a estudiantes sancionados por hechos de violencia, una medida que históricamente ha sido impulsada por sectores de la UDI y que ahora fue incorporada por el Ejecutivo.
Desde la oposición surgieron críticas transversales. Parlamentarios advirtieron que la iniciativa podría restringir derechos sociales y afectar a estudiantes en contextos de movilización, cuestionando además su efectividad para abordar el problema de fondo de la violencia escolar.
En ese sentido, legisladores plantearon que las medidas propuestas podrían tener efectos contraproducentes, al excluir del sistema educativo a jóvenes que requieren mayor apoyo estatal. También se acusó al gobierno de insistir en fórmulas que, a juicio de la oposición, no han dado resultados en el pasado.
Pese a los cuestionamientos, el Ejecutivo decidió otorgar suma urgencia a ambos proyectos, lo que implica un plazo acotado para su tramitación en el Congreso, en un escenario marcado por tensiones políticas y debate sobre el enfoque de la política de seguridad en el ámbito escolar. (NP-ChatGPT-La Tercera)
