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El ataque armado registrado el 23 de agosto en Victoria, Región de La Araucanía, volvió a tensionar al Gobierno en plena vigencia del estado de excepción constitucional. La emboscada, que afectó a dos guardias de la empresa CMPC —con un trabajador muerto y otro gravemente herido— interrumpió la agenda del Presidente Gabriel Boric y sus ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de Seguridad Pública, Luis Cordero, obligando a una rápida reacción política y operativa.
El Ejecutivo decidió que la conducción inicial de la crisis quedara en manos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien ordenó el despliegue de expertos de Carabineros en la zona y abrió la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista, decisión que se tomará una vez reunidos más antecedentes. En paralelo, el Gobierno presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado, mientras Cordero calificó el ataque como obra de una organización criminal.
DILEMAS INTERNOS EN LA MONEDA
El hecho también reveló fricciones en el diseño de seguridad del Ejecutivo. Desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública, en abril, han quedado en evidencia las diferencias de estilo entre Cordero y Elizalde. El primero ha consolidado vínculos con policías y alcaldes de distintos sectores, privilegiando un enfoque técnico y operativo. El segundo, con un rol más político, enfrenta un liderazgo debilitado en el oficialismo tras la salida de figuras clave de su partido y críticas a su capacidad de conducción.
Ambos forman parte del comité de crisis de La Moneda, donde además deben coordinarse en otros frentes sensibles como migración y reformas de seguridad. En sectores oficialistas, algunos cuestionan el bajo perfil político de Cordero, aunque valoran su efectividad técnica y su cercanía con las policías.
IMPACTO EN ESCENARIO ELECTORAL
El ataque en Victoria no solo refuerza la urgencia de la agenda de seguridad en la Macrozona Sur, sino que también incide en el clima político nacional. La Araucanía, considerada una región estratégica en el ciclo electoral, vuelve a situar al Gobierno en la encrucijada entre el control del orden público y el avance de la consulta indígena recomendada como vía para enfrentar el conflicto histórico con el pueblo mapuche. (NP-GPT-Perplexity-Copilot-La Tercera)
