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Víctimas de atentados en la macrozona sur manifestaron inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno reduzca el estado de excepción constitucional vigente en diversas comunas del sur del país. La medida rige desde mayo de 2022 en zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, en medio de un escenario marcado por hechos de violencia rural.
El anuncio fue planteado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, durante la solicitud de prórroga de la medida ante el Congreso. En esa instancia, explicó que el Ejecutivo evalúa una disminución progresiva de la presencia de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de avanzar hacia una normalización del orden público, reforzando el rol de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.
Sin embargo, desde las víctimas de ataques en la zona surgieron críticas frente a esta eventual decisión. Christian Grollmus, afectado por un ataque ocurrido en 2022 en la comuna de Contulmo, sostuvo que el problema no radica en la vigencia del estado de excepción, sino en su implementación efectiva.
El debate se instala en un contexto donde persisten episodios de violencia en sectores rurales, lo que mantiene la tensión respecto de las estrategias de seguridad que deben adoptarse en la zona. Desde distintos sectores se advierte que cualquier cambio en la medida debe considerar las condiciones reales de seguridad antes de reducir la presencia militar. (NP-ChatGPT-Emol)
