admin
Ocurrió en 2016 tras los casos Penta y SQM, sin éxito, y vuelve a instalarse hoy -casi una década después-, a propósito de los casos Audio, ProCultura, Sierra Bella y Monsalve.
Al parecer cada vez que el mundo político sale al ruedo en investigaciones penales, un grupo de congresistas toma lápiz y papel e intenta reeditar leyes que sancionen a quienes difundan piezas de expedientes reservados. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Congreso, con el proyecto de ley que busca sancionar en el ámbito penal a quienes divulguen información contenida en causas criminales que se tramitan en los tribunales.
La situación ha generado el repudio tanto del Colegio de Periodistas de la RM, como de -incluso- otros senadores, como los PS Tomás de Rementería y Daniel Manoucheri, quienes ya anunciaron que no apoyarán la iniciativa. En esta última, una serie de modificaciones establecen penas de multa para quienes entreguen detalles como testimonios, peritajes, chats o declaraciones de investigaciones reservadas.
El mundo de la academia no se queda atrás y tres expertos en libertad de información y prensa analizan la moción, cuya autoría recae en los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Luz Ebensperguer, Luciano Cruz Coke y Paulina Núñez.
PROBLEMAS CONSTITUCIONALES
El profesor de la UDP y experto constitucionalista Javier Couso dice que el texto presentado por los legisladores en su mayoría es razonable cuando se refiere a castigos para fiscales, policías, jueces e intervinientes del proceso penal.
“Está bien el buscar que un hecho como lo es una filtración de información reservada no quede impune, que para un fiscal o un PDI o un perito no sea gratis la entrega de información de un caso”, apunta.
Sin embargo, de inmediato explica que el mayor problema radica en dos artículos que “tal y como están redactados no pasan un test constitucional”.
En esa línea, dice Couso, es peligroso cuando habla de modificar el artículo 226 J del Código Procesal Penal y se sostiene que se castigará a “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza…”.
“Ahí está diciendo que penaliza a toda persona, el “el que” sin ningún calificativo tiene un grave efecto para la libertad de expresión; ahí no explicita que se habla de un individuo que tuvo accedo porque es fiscal, policía o -incluso- testigo, sino que “el que” alcanza a, por decirlo de alguna forma, a cualquier hijo de vecino que informa, divulga, entregue datos, y eso impacta en lo que hacen, justamente, los periodistas”, analiza.
Junto con esto, el académico sostiene que da igual que las penas propuestas ahí mismo sean bajas, porque “lo que ahí preocupa es el efecto inhibitorio, que puede ser tremendo”.
Couso insiste: “Esta filosofía de proyectar un deber absoluto de resguardo de la información a un fiscal, juez, policía o cualquier interviniente, un perito, un testigo, al querellante, todo eso está bien, bienvenido sea, pero esos dos artículos de la forma en que están redactados alcanzan y hacen responsable ante la ley al medio y al periodista, por lo que me parece de dudosa constitucionalidad”.
Finalmente expresa que “es legítimo que un periodista ocupe algo obtenido de forma ilícita, ya que es una filtración, pero el bien superior ahí es el interés público; pero si eso llega a ser ley va a ser muy peligroso, ir en contra del periodismo es muy peligroso”.
LENGUAJE AMBIGUO
Para el penalista Francisco Cox, “la moción se hace cargo de un problema real. Sin embargo, el lenguaje ambiguo del 161 C tiene un riesgo muy importante de terminar sancionando el ejercicio legítimo del periodismo cuando hay un interés público comprometido”.
Esto, dice, “no obstante la mención al elemento ‘indebidamente’”.
Cox explica que lo grave de todo esto es que siempre va a ser “muy difícil determinar quién filtró, quién merece ser sancionado, pero siempre se sabrá quién publicó”.
En esa línea, explica que “la legislación actual no se hace cargo de las filtraciones de otros intervinientes que no son funcionarios públicos. Tampoco se hace cargo, la moción de los senadores tampoco lo hace, del problema que sean colegas de fiscales y policías quienes tienen que investigar quién dio acceso a la carpeta. Se debiese crear un sistema de fiscales especiales, no necesariamente del Ministerio Público, que investiguen los casos donde un fiscal puede ser el imputado”.
YA HAY SANCIÓN
El profesor de la Universidad de Chile Jaime Winter asegura que “el artículo 226 J del Código Procesal Penal ya sanciona al que difundiera el contenido de una investigación que tuviere el carácter de secreta”.
De hecho señala que “esto fue introducido en un reforma de 2023 de la que se ha hablado poco. Sin embargo, esta norma solo se aplica a causas en que se investigue una asociación ilícita o se presuma que existe una asociación ilícita, es decir, en casos de crimen organizado, pensando en evitar peligro para informantes o agentes encubiertos, entre otras cosas”.
A juicio del penalista, entonces, “la modificación propuesta no cambia en nada esto, solo aclara que se aplica también a los funcionarios públicos que de cualquier forma hayan participado en la investigación. Es decir, no agrega nada respecto al ejercicio del periodismo”.
Ahora, dice Winter, sí hay un problema en otra redacción de este proyecto de ley.
“El nuevo artículo 161-C del Código Penal que se propone, donde se sanciona al que difundiere o divulgare indebidamente las piezas de una investigación penal, es una cosa distinta. Esta norma está dentro de las que sancionan la interceptación de comunicaciones privadas y la divulgación de fotos íntimas sin consentimiento. Entonces para que se proteja la libertad de prensa sería razonable limitar ese artículo solamente a la divulgación de comunicaciones privadas e imágenes íntimas, lo que sería más coherente con el párrafo respectivo del Código Penal”, sentenció.
CANDIDATOS EN CONTRA DE PROYECTO
De manera transversal, los candidatos presidenciales Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (republicanos), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Jaime Mulet FRVS), Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL) y Jeannette Jara (PC-AH) se mostraron en contra del proyecto de ley denominado “Ley Mordaza 2.0″.
En lo medular, el proyecto busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes de investigaciones reservadas.
Para esto, la moción presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS) buscar modificar el Código Procesal Penal y así imponer penas de cárcel a quienes “difundan” información de causas penales en reserva, sin distinguir entre funcionarios públicos y medios de comunicación.
Si se logra sacar adelante en el Parlamento, la ley recaería, por ejemplo, sobre coberturas emblemáticas de corrupción, como los casos Monsalve, ProCultura o Audio. Incluso, dentro de la justificación del texto legislativo se menciona la filtración entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la diputada Karol Cariola.
El diputado Kaiser se ha mostrado, desde antes de la actual discusión, abiertamente en contra de este tipo de medidas. En 2024, por ejemplo, en medio de un debate sobre supuesta censura digital, el libertario afirmó: “Jamás votaría por una ley mordaza”. Ahora el parlamentario señaló que “no se puede sancionar a periodistas o ciudadanos comunes y corrientes por la falta a la ley de funcionarios públicos o de abogados inescrupulosos. En ese sentido, no vamos a apoyar la Ley Mordaza”.
Desde la misma vereda política, Kast planteó que “en una democracia sana, la libertad de prensa no se restringe: se protege y se promueve. Hay artículos de este proyecto que buscan penalizar la labor periodística en casos de interés público, que son inaceptables”.
“La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales del Estado de Derecho. El deber de los periodistas es informar, y el deber de las autoridades es cumplir la ley y garantizar que los medios puedan informar sin temor a represalias. No podemos permitir que, bajo el pretexto de proteger causas reservadas, se termine amparando la opacidad y encubriendo posibles irregularidades. Chile necesita más control ciudadano responsable, no menos”, remarcó.
Matthei también se mostró contraria a una medida de este tipo contra la prensa: “Siempre se debe garantizar la libertad de prensa, de información y de expresión. El buen ejercicio de la prensa es un pilar de la democracia y debemos salvaguardarlo. Y también es importante un equilibrio entre la transparencia del sistema judicial y la protección de datos sensibles de una víctima o información que puede ser crítica para el éxito de una investigación. En este sentido, como hemos dicho, no es aceptable que abogados, fiscales u otros funcionarios divulguen información confidencial a la que tienen acceso».
De acuerdo a la candidata de la derecha tradicional, “el proyecto busca sancionar las filtraciones por parte de funcionarios y no de periodistas. En eso los senadores Cruz-Coke y Ebensperger han sido explícitos y sobre esa base va a indicar el proyecto cuya discusión recién comienza”.
El diputado Mulet, en tanto, sostuvo: “No soy partidario de ponerle límite a la libertad de expresión. Considero que es fundamental para la protección de la democracia. No creo en las sanciones punitivas, solo en las pecuniarias cuando se cometen errores o se actúa de mala fe”.
Tohá, por su parte, señaló que “el cuidado de las causas es un tema que hay que tomar en serio. Personalmente viví la experiencia que se filtraran datos de la investigación del secuestro del teniente Ojeda cuando no sabíamos si estaba vivo o no, cuando no sabíamos quién lo tenía. Y la filtración de esa información podía significar que él perdiera su vida”.
La representante del Socialismo Democrático agregó que “hay que tener herramientas mucho más potentes para asegurar que el secreto de las investigaciones se respete, pero no creo que la manera de lograrlo sea sancionar a la prensa”.
La presidenciable Jara, finalmente, recalcó que “es un tema bien delicado, tiene mucho que ver con la libertad de expresión, pero lo que no nos puede seguir ocurriendo es que se hagan filtraciones de manera interesada en política”.
En ese sentido, la aspirante comunista apuntó que “el mecanismo de solución de aquello es algo que seguramente el Parlamento va a ponderar de manera adecuada, pero pensar en que pueda penarse con cárcel la labor periodística la verdad es que no me gusta”.
CARDOCH: «GOBIERNO VALORA LA LIBERTAD DE PRENSA»
La subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, abordó este jueves el cuestionado proyecto de nueva ley Mordaza impulsado por senadores oficialistas y opositores.
En concreto, la iniciativa busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes de investigaciones reservadas. Por lo que, el proyecto podría afectar a periodistas.
La Federación de Medios de Comunicación Social de Chile emitió una declaración pública en la que manifiestan su preocupación por el tema, ya que “pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparentes”.
Bajo este marco, en entrevista con El Rancagüino, Cardoch -quien es periodista de profesión- hizo hincapié en que “el gobierno valora profundamente la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
En ese sentido, destacó que el trabajo de los comunicadores es “fiscalizar a quienes ostentamos o quienes estamos en la toma de decisiones”.
De todas maneras, aclaró que “el gobierno no ha tenido la oportunidad de revisar el detalle del proyecto de ley, ya que se trata de una iniciativa parlamentaria y no gubernamental”.
La subsecretaria reflexionó también sobre las críticas a las autoridades, afirmando que “cuando uno está en este nivel de responsabilidades, también el mismo presidente siempre ha sido abierto sobre eso también y que creo que es positivo y es algo que tenemos que valorar”. (La Tercera)
