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Un conflicto presupuestario y constitucional se ha abierto para La Moneda debido a los fondos destinados a financiar al Presidente Gabriel Boric una vez que deje el cargo en marzo de 2026. Además de la oposición, diputados del propio oficialismo han expresado serias dudas y un eventual rechazo a estos recursos, acusando al Ejecutivo de intentar establecer una «ley de amarre» para asegurar beneficios.
DISPUTA CONSTITUCIONAL
El Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 contempla la adición de $151 millones para la nueva investidura de Boric (proporcionales a nueve meses), lo que aumentaría el gasto total para expresidentes (que incluye a Bachelet, Frei y Lagos) a $830 millones anuales. El monto mensual que recibiría Boric es de alrededor de $17,6 millones brutos, desglosados en dos partes:
Dieta ($7,3 millones): La renta personal, que tiene respaldo en la Constitución y la Ley 19.672.
Asignaciones ($10,3 millones): Fondos para financiar oficinas, personal y viajes.
La disputa se centra en las asignaciones. La Moneda, a través de la vocera Camila Vallejo, defiende que la Ley 19.672 respalda la totalidad de los fondos (dieta y asignaciones), lo que implicaría que no podrían ser rechazados ni reducidos en la discusión presupuestaria por ser «ley permanente». Sin embargo, una interpretación de diputados de diversos sectores, respaldada por informes técnicos del Congreso, sostiene que las asignaciones son gasto variable y, por lo tanto, sí se pueden rechazar o modificar en la Ley de Presupuestos.
CRÍTICAS AL DISEÑO DEL GOBIERNO
La postura del Gobierno ha generado fuerte rechazo, incluso en las filas oficialistas, quienes argumentan que en un contexto de escasez fiscal, el dinero debe destinarse a prioridades sociales.
Diputados Oficialistas Críticos: Los diputados radicales Rubén Oyarzo y Tomás Lagomarsino anunciaron que votarán en contra, argumentando que estos recursos deberían destinarse a seguridad, salud y educación, y no a un «gabinete para un expresidente». El diputado independiente PPD Jaime Araya fue más allá, declarando que «El Presidente Boric debería dar una instrucción clara al ministro de Hacienda de no hacer leyes de amarre«.
Oposición Acusa Blindaje: La oposición ve el diseño legal del Gobierno como un intento de blindar el gasto de por vida. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, acusó a Boric de querer que las asignaciones «sean una ley permanente para que esto no tenga discusión nunca más, se quiere asegurar de por vida».
Amenaza al Tribunal Constitucional (TC): El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, calificó el diseño como «inaceptable» e indicó que si el Gobierno no lo modifica, se podría generar un conflicto que «terminaría incluso en el Tribunal Constitucional».
El conflicto se agudiza dado que el propio Boric, como diputado en 2020, impulsó una reforma que eliminó el concepto de «asignaciones» de la Constitución y, de hecho, un informe del Senado en ese entonces recomendó eliminar el pago de estos fondos a los exmandatarios. (NP-Gemini-La Tercera)
