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Por Dr. Rodrigo Soto Lagos
Psicólogo, Investigador en Políticas Públicas del Deporte. Académico Departamento de Gestión y Políticas Públicas Universidad de Santiago de chile.
El 15 de octubre de 2025 fue aprobada la “Ley de Estímulo a la Actividad Física y el Deporte en los Establecimientos Educacionales”. Aunque fue presentada como un proyecto “de fácil despacho”, sus implicancias son profundas y estructurales ya que, a partir de 2027, las escuelas chilenas deberán garantizar, diariamente, 60 minutos de actividad física, juegos y deporte, desde la educación parvularia hasta cuarto medio. La implementación será gradual: primero en los niveles iniciales hasta 4° básico, y luego en los cursos superiores.
La ley exige a las escuelas adaptar sus espacios, materiales y rutinas, asegurar accesibilidad, evitar toda forma de discriminación y fomentar la participación activa en actividades físicas. Un sueño para muchos. Pero también, un riesgo cuando se legisla sin comprender la complejidad de la vida escolar. O Peor aún, una potencial tragedia, si se construyen políticas públicas con un “problema” que no es tal para quienes serán afectados por las “soluciones”.
Desde 2015 hemos investigado como las prácticas corporales, el deporte y el juego se insertan —o se resisten a insertarse— en las culturas escolares. Lo que hemos observado no es una postal feliz de recreos en movimiento o patios llenos de risas. Pues, muchas veces, hemos observado niñas relegadas a las graderías, estudiantes excluidos por no “ser buenos para la pelota”, cuerpos disciplinados más que escuchados, y docentes y equipos directivos que se sienten sobrecargados o desorientados respecto del sentido de estas políticas.
Lo anterior, podría explicarse con una frase simple: las escuelas no son gimnasios. Son comunidades pedagógicas complejas, atravesadas por tensiones curriculares, culturales y sociales, por lo que incorporar 60 minutos diarios de actividad física no es algo que se logre por decreto, ni mucho menos sin acompañamiento, formación docente, recursos ni reflexión pedagógica. Conseguir esta meta mínima implica cambios organizacionales amplios que deben ser sostenibles ya que es una transformación profunda de la experiencia escolar cotidiana. Y, hoy en día, no existe un programa público que pueda hacerse cargo (acompañando o asesorando) de esta situación.
Aplaudir la ley por su afán de combatir el sedentarismo y la obesidad —problemas reales y urgentes— no puede hacernos olvidar otros factores. Por ejemplo, el rol de las niñas y las amplias diversidades que han sido invisibilizadas en el patio escolar. O bien, cómo se gestionarán desde la implementación de la ley los procesos de convivencia escolar considerando este cambio cultural. Y más profundo aún: ¿Cómo se evitará reproducir la lógica del “rendimiento” o la “competencia” que muchas veces excluye a quienes no encajan en el modelo atlético?
En este sentido, la ley, aunque bienintencionada, corre el riesgo de reforzar una visión simplista del deporte escolar. Y lo que es peor, puede convertirse en una carga más para comunidades escolares que ya están enfrentando múltiples desafíos postpandemia, especialmente en términos de salud mental y convivencia.
Ahora bien, si ampliamos la mirada y vamos más allá de entender la actividad física escolar como una “cura” para el sobrepeso, y comenzamos a verla como una experiencia corporal situada, política y pedagógica, esta ley puede ser una oportunidad para generar un cambio que propenda a la alegría y la felicidad de nuestras y nuestros hijos.
Ello, debido a que el cuerpo no es un instrumento biológico que mover, sino un territorio atravesado por desigualdades, estereotipos y memorias sociales. No basta con normar tiempos de juego: hay que interrogar quién juega, cómo se juega, para qué se juega, y qué cuerpos tienen (o no) asegurado, hoy en nuestro país, el derecho al movimiento.
De esta forma, un noble proyecto de ley, podrá ser un verdadero aporte para el país y no una nueva carga para las escuelas.
Rodrigo Soto Lagos Psicólogo, Investigador en Políticas Públicas del Deporte. Académico Departamento de Gestión y Políticas Públicas Universidad de Santiago de Chile.
Santiago de Chile, 29 de octubre 2025
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