admin
La imagen provocó impacto en la audiencia. En 2013, Ernesto Lejderman y el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre se enfrentaron en el programa “El Informante” de Televisión Nacional. “Estoy por dos personas aquí, por mi papá y mi mamá. Estoy aquí por su memoria. Ni a Cheyre ni a ningún ser humano le deseo lo que mis padres vivieron”, señaló.
Hace exactamente 52 años, sus padres María del Rosario y Bernardo fueron asesinados en la madrugada del 8 de diciembre de 1973, a manos de una patrulla militar de Regimiento Arica de La Serena, en el Valle del Elqui. Ernesto tenía poco menos de dos años de edad y se quedó solo en la Quebrada de Gualliguaica, cerca de la frontera con Argentina. Hasta que un joven oficial, el mismo Cheyre, se lo llevó y lo entregó a la Casa de la Providencia de La Serena, a cargo de religiosas católicas.
En el encuentro en TVN, Ernesto señaló: “Invito a Cheyre y todos los genocidas a que rompan los pactos de silencio”.
Ernesto es el único hijo que tuvieron Bernardo Mario Lejderman Konujowska y María del Rosario Ávalos Castañeda. Su padre era un argentino, músico y estudiante de Derecho. Su madre era mexicana, estudiante de Sociología y trabajaba de bibliotecaria en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Además, ambos eran profesores. Se conocieron en la Ciudad de México y en 1971 se fueron a vivir a Santiago de Chile, atraídos por el proceso de cambios sociales que entonces se registraba en el país. Eran los tiempos del Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Al momento del golpe de Estado, Bernardo Lejderman era asesor de la Gobernación de Vicuña, en la actual Región de Coquimbo. Según cuenta Ernesto, su padre en esos días “se identificaba con la corriente de la izquierda cristiana y por eso se incorporó a la Gobernación de Coquimbo, entonces a cargo del MAPU”.
Poco después del Golpe de Estado, el 16 de septiembre de 1973, el Gobernador de Vicuña fue asesinado por una patrulla de Carabineros. Intentaba huir a Argentina, llegando hasta el caserío de Matancillas, en la localidad de Rivadavia, lugar en el que fue encontrado por los policías, quienes procedieron a arrancarle la vida. Después. su cuerpo fue entregado a los familiares, en urna sellada, permitiendo su sepultación en forma privada y bajo custodia policial.
Ese hecho se sumaba a la falsedad que propalaba entonces la dictadura, y habían divulgado los opositores al Gobierno de la Unidad Popular, que hablaban de la existencia de un ejército de 15.000 guerrilleros extranjeros, condujeron al matrimonio a intentar abandonar Chile.
Fueron sorprendidos por los militares en unas cuevas en el valle de Gualliguaica. Habían torturado a un campesino de la zona, al que quebraron su voluntad y terminó llevándolos al lugar. Ese 8 de diciembre, el pelotón de militares del Regimiento de La Serena llegó al lugar donde se encontraba el matrimonio y su hijo. Dispararon con metralletas primero a Rosario, Bernardo volvió a la cueva al escuchar los disparos y también lo asesinaron. Ambos no opusieron resistencia, A la persona que los delató y luego fue obligado a acompañar a los uniformados, le dijeron que ambos se habían suicidado. “No hables ni busques los cuerpos por que los animales se encargarán del resto”, le dijeron los militares.
Tuve la oportunidad de acompañar a Ernesto a fines de 2015, cuando era Ministro de Bienes Nacionales, al lugar de los hechos, para inaugurar un monolito recordatorio. Pude sentir la desesperación que deben haber sentido, al intentar salir del país a pie, por una ruta de difícil tránsito, en medio de las montañas y las quebradas. De hecho, hasta el paso fronterizo de Aguas Negras eran más de cincuenta kilómetros. Desde allí, había más de otros veinticinco kilómetros hasta el campamento de Arrequintin, primer lugar habitado del lado argentino. Llegar hasta ese lugar, significaba días de camino, prácticamente sin alimentos y sin la ropa adecuada para el implacable frío nocturno de la montaña.
El cuerpo de María Avalos fue sepultado en 1974, a requerimiento de representantes diplomáticos de su país de origen. En resolución 397 del 10 de abril de 1974 el Director Zonal del Ministerio de Salud Pública, que autorizó la exhumación de sus restos, dio como causa de su muerte “el estallido de dinamita”, que “junto a otras versiones públicas emitidas en la época hicieron aparecer la muerte como un presunto suicidio con explosivos” consignó el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Su madre fue cremada en 1998, pero nunca se informó dónde están los restos. Hasta hoy, permanece desaparecida. Los restos de su padre fueron recuperados en 1990 y enterrados en el cementerio de Vicuña. El acta de defunción señalaba como la causa de la muerte un “enfrentamiento con militares”. Más tarde, fue trasladado al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General. Ernesto tomó esa decisión, “porque Chile fue el país en el que había elegido vivir”.
Ernesto fue criado por sus abuelos paternos en Buenos Aires, los cuales le ocultaron lo que ocurrió con sus padres, para evitarle sufrimiento. Tenía 10 años cuando supo la verdad: en los cajones de un closet, descubrió el recorte de un diario. “Otro argentino asesinado en Chile”, era el título del reporte. Se trataba de su padre Bernardo Lejderman. Hasta entonces pensaba que había muerto en un accidente de tren.
Cinco años más tarde que se armó de coraje para decirles que ya conocía su secreto mejor guardado. “Mi abuela casi se suicida cuando se enteró lo de mis padres. Con su dolor, se hizo cargo de mí, vivió para mí. En su lugar hubiese hablado de la situación y hubiese ido a un psicólogo. Pero mi abuela desde que tenía doce años y vino a Argentina trabajó con una máquina de coser, no fue a psicólogos ni tuvo estudios. Con su personalidad, hizo lo mejor que pudo y lo hizo bien”, comentó al diario trasandino “Página 12”.
Desde entonces comenzó un ciclo, que aún no termina, de reiterados viajes a Chile en la búsqueda de la verdad y la justicia. Se integró a Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Hoy ocupa un cargo directivo en la agrupación Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas. Por un tiempo, trabajó en el Ministerio de Justicia y ahora es uno de los miles de exonerados por el régimen de Javier Milei.
Durante años, las acciones emprendidas por Ernesto fueron archivadas o bien remitidas a tribunales militares que aplicaron la Ley de Amnistía de 1978. El 4 de diciembre del 2000, Ernesto interpuso una querella criminal en contra de Fernando Polanco Gallardo, Jorge Cruz Adaro, Carlos Verdugo Gómez, Rubén Fiedler Alvarado, Mario Larenas Carmona, Ariosto Lapostol Orrego y Augusto Pinochet en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de homicidio calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita.
Aunque en 2007 se dictó una condena por homicidio en contra de solo tres responsables, la Corte Suprema redujo las penas en 2009 mediante prescripción gradual y revocó una indemnización previamente otorgada.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 13.859 respecto de la desaparición forzada de Bernardo Mario Lejderman Konujowska y María del Rosario Ávalos Castañeda, y por la falta de acceso a la justicia y esclarecimiento de la verdad sobre los hechos.
En su Informe de Fondo 192/23, la CIDH estableció que las muertes del matrimonio fueron ejecuciones extrajudiciales, pues el uso de la fuerza letal por parte de agentes militares fue injustificado, desproporcionado y sin un fin legítimo, en un contexto general de represión estatal. Señaló que ambos casos configuraron desaparición forzada, debido a la privación de libertad previa, la intervención directa de agentes del Estado y la prolongada negativa estatal a revelar el paradero de sus restos.
Asimismo, constató que el proceso judicial enfrentó dilaciones indebidas, pues pasaron más de tres décadas hasta obtener una condena, sin justificación estatal para la demora. La remisión inicial del caso a la justicia militar, la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 y, posteriormente, la reducción de penas mediante media prescripción “generaron situaciones de impunidad contrarias a los estándares internacionales”.
La Comisión señaló que los hechos afectaron gravemente al hijo Ernesto Lejderman, quien fue separado de su familia y expuesto a riesgos para su desarrollo físico, emocional y social y el profundo sufrimiento psíquico y moral que sufrió por la pérdida de sus padres, por el ocultamiento de la verdad y el prolongado proceso judicial.
La entidad solicitó a la Corte Interamericana que establezca medidas de reparación, tales como “reparar integralmente las violaciones, mediante compensación justa y medidas de satisfacción acordadas” con Ernesto Lejderman; adoptar medidas para dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema que aplicó la media prescripción y dictar una nueva que imponga penas adecuadas a los responsables; y establecer mecanismos de no repetición, que incluyan reformas legales para impedir la aplicación de la media prescripción en graves violaciones de derechos humanos.
La Comisión estimó que el caso presenta “cuestiones de orden público interamericano. El mismo permitirá a la Honorable Corte continuar desarrollando los estándares relativos al deber de los Estados de investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de personas, así como de adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.
Ernesto no cesa en sus afanes de preservar la memoria histórica y lograr la conquista de la verdad y la justicia.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista y ex Ministro de Estado.
Santiago, 8 de diciembre de 2025.
Crónica Digital.
