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La polémica norma que busca dificultar los despidos de funcionarios a contrata enfrenta un complejo panorama legislativo ante la falta de apoyo en el Congreso. Pese al acuerdo entre el Gobierno y gremios como la ANEF, parlamentarios del Socialismo Democrático han manifestado reparos que dejan a la iniciativa sin piso político.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y otros legisladores del sector cuestionaron la falta de diálogo previo por parte de los ministros de Hacienda y Trabajo. Los críticos argumentan que no es adecuado discutir cambios profundos al Estatuto Administrativo dentro de la ley de reajuste, que es de tramitación urgente.
En el PPD el rechazo es más tajante, calificando la medida como una «captura administrativa del Estado» que erosiona la responsabilidad política del próximo Gobierno. Diputados de la colectividad advirtieron que no apoyarán normativas que parezcan privilegiar el «pituto» por sobre el principio de mérito en la función pública.
Por su parte, el Presidente electo, José Antonio Kast, reiteró que la discusión distrae de las verdaderas urgencias sociales como la seguridad y la salud. Kast subrayó que un buen trabajador no requiere leyes especiales de protección, mientras que la oposición ya cuenta con mayoría en el Senado para rechazar la propuesta.
El protocolo firmado por el Ejecutivo establece que cualquier no renovación de contrato debe ser mediante un acto administrativo fundado con criterios objetivos. Sin embargo, la fisura entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales del oficialismo hace casi imposible que la norma logre sortear su tramitación parlamentaria. (NP-Gemini-La Tercera)
