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La Contraloría General de la República detectó inconsistencias financieras por US$ 17.300 millones en ministerios y municipios durante los últimos cinco años. Esta cifra representa una sexta parte del presupuesto nacional proyectado para el año 2026.
El informe analizó a 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, incluyendo 50 organismos del gobierno central y 23 municipalidades. Tras la exhaustiva revisión, ninguna de las instituciones fiscalizadas logró superar las pruebas de auditoría de la entidad estatal.
La Contraloría aplicó una «abstención de opinión» debido a que la evidencia presentada resultó insuficiente y poco adecuada. Los fiscalizadores no pudieron confirmar si los saldos de los balances institucionales eran realmente razonables y confiables.
El desorden administrativo responde a la falta de análisis que sustente los saldos contables de cada entidad. También se identificaron controles internos inexistentes y registros con graves inconsistencias que no fueron aclaradas durante el proceso de revisión oficial.
La auditoría reveló debilidades críticas en los sistemas de tecnología de la información que procesan la contabilidad pública. Estas fallas tecnológicas impiden un control eficiente sobre las operaciones financieras y el flujo de recursos del Estado.
Del total de las anomalías detectadas, el 90% corresponde a entidades pertenecientes al Gobierno Central. El monto restante recae en el sector municipal, evidenciando un problema estructural de gestión en los diversos niveles del aparato público. (NP-Gemini-Emol)
