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Una de las promesas de campaña de Kast fue la expulsión de unos 300 mil indocumentados en sus primeros meses de gobierno, tema que terminó sustituido por la colocación de barreras físicas, como zanjas, muros y otros obstáculos en la línea de demarcación.
Expertos en asuntos migratorios cuestionaron la eficacia de estas medidas, así como de la militarización de las fronteras, en lugar de apostar por la tecnología y la cooperación con los países vecinos.
No habían cesado los ecos de este debate, cuando el Ejecutivo decidió sacar del Congreso Nacional un proyecto de ley sobre la negociación ramal entre sindicatos y empresas, que favorecía a los trabajadores y les daba más protagonismo a las organizaciones gremiales.
De aprobarse este mecanismo, todos los asalariados de una misma rama de la economía, ya sea del comercio, los servicios, industria o minería, entre otras, obtendrían los beneficios de una negociación global, en lugar de hacerlo empresa por empresa.
El retiro de la iniciativa legal causó malestar y la Central Unitaria de los Trabajadores, la mayor agrupación gremial del país, advirtió con llamar a movilizaciones y otras formas de protesta.
Casi al mismo tiempo, el gobierno suspendió el trámite en la Contraloría General de la República de 43 decretos vinculados con la defensa de la naturaleza, el cuidado del medioambiente y la protección de especies en peligro de extinción.
Casi 250 organizaciones científicas y académicas y unas 150 personalidades firmaron una carta abierta en rechazo a la medida, calificada como un peligroso retroceso en programas de descontaminación y herramientas de adaptación al cambio climático.
Finalmente, se le dio curso al decreto sobre el proyecto de repoblación de la ranita de Darwin, pero no así a otros tan importantes como el del pingüino de Humboldt o las emisiones de micro partículas contaminantes por la industria.
Los problemas para el gobierno de Kast no terminaron allí, pues en amplios sectores de la población e, incluso, entre corporaciones empresariales de derecha hay malestar por la eventual desaparición del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Esta herramienta se creó en 2014 con el objetivo de regular el valor de los hidrocarburos en el país y amortiguar la volatilidad internacional.
Por medio de subsidios y ajustes de impuestos cada tres semanas, el Mepco impide que las alzas bruscas de los mercados internacionales del petróleo afecten a los consumidores en Chile.
Sin embargo, el gobierno estima que su costo para el fisco es muy elevado y se dispone a revisarlo o, de ser necesario, eliminarlo.
La senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista, emitió una declaración donde afirma que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se convirtió en un peligro real para el bolsillo de las familias.
No podemos permitir, señaló, que con la excusa de una crisis fiscal se le dé la espalda a la gente más vulnerable.
Incluso, las poderosas corporaciones de camioneros también advirtieron que van a rechazar cualquier aumento en los costos de operación, para ahorrarle dinero al Estado.
Fue una semana agitada en Chile, sobre todo para el gobierno de José Antonio Kast quien está descubriendo la diferencia entre hacer promesas de campaña y tratar de llevarlas a la práctica.
Santiago de Chile, 22 de marzo 2026
Crónica Digital/PL
