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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, enfrentó este lunes su primera crisis política y sectorial tras la controvertida salida de la prefecta general Consuelo Peña de la PDI. Luego de una mañana de hermetismo en La Moneda, la secretaria de Estado se trasladó al Congreso Nacional, donde defendió el ejercicio de sus facultades ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, aunque sin abordar directamente las razones del cese de la oficial.
La controversia se originó el pasado viernes, cuando Steinert solicitó al director de la PDI, Eduardo Cerna, la renuncia de Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado. La petición causó un profundo remezón institucional, dado que la prefecta contaba con una alta evaluación técnica y lideraba operativos complejos. El trasfondo de la disputa sería un oficio reservado enviado por la ministra para cuestionar el traslado de detectives en Iquique, vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”.
DEFENSA DE FACULTADES LEGALES
Ante las consultas de los parlamentarios, la ministra Steinert sostuvo que actuó estrictamente dentro de sus competencias legales:
- Fundamento Jurídico: Citó los artículos 3, 4 (letra D) y 5 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública para justificar su solicitud de información a las policías.
- Alcance de la solicitud: Precisó que no pidió antecedentes de investigaciones judiciales en curso, sino los fundamentos administrativos tras el cambio de un equipo investigativo en la Región de Tarapacá.
- Deber de fiscalización: Afirmó que, como funcionaria pública, está obligada a indagar si cambios de personal podrían estar relacionados con eventuales irregularidades o delitos.
TENSIÓN EN EL EJECUTIVO
Pese a la defensa técnica en Valparaíso, el episodio ha generado incomodidad en el Palacio de La Moneda. Fuentes oficialistas sugieren que la forma en que se gestionó la salida de Peña fue “imprudente”, especialmente al tratarse de una prerrogativa que, según la ley orgánica, recae finalmente en la decisión presidencial. No obstante, el Gobierno ha optado por blindar políticamente a la ministra —quien asumió hace menos de dos semanas— para evitar un debilitamiento temprano de su autoridad.
Por su parte, la PDI habría resistido inicialmente la remoción, dilatando los efectos administrativos hasta este lunes. Mientras Steinert mantiene el hermetismo sobre los motivos específicos de la salida de la prefecta, en los pasillos del Congreso crece la presión para que la autoridad transparente si existieron motivaciones personales o arbitrarias detrás del movimiento en el alto mando de la policía civil. (NP-Gemini-Emol)
