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El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta Paula Benavides, presentó un crítico informe ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto al proyecto de reajuste al sector público. El organismo alertó que el financiamiento propuesto por la administración de Gabriel Boric es insuficiente, calificando como un «esfuerzo exigente» la necesidad de realizar reasignaciones presupuestarias masivas. Según el CFA, este escenario se da en un contexto de «estrés fiscal», con niveles de deuda cercanos al límite prudente y activos mínimos en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
BRECHA FINANCIERA Y RIESGOS
El análisis técnico del CFA arrojó cifras preocupantes sobre la arquitectura financiera del proyecto:
Costo Total: El proyecto asciende a US$1.669 millones (1,7% del gasto público aprobado).
Déficit Identificado: Tras descontar las provisiones (US$616 millones) y ahorros por incentivos al retiro, existe una brecha de US$822 millones (0,22% del PIB) sin financiamiento claro.
Falta de Inflactor: A diferencia de años anteriores (2014, 2018, 2022), el presupuesto 2026 no contempló un ajuste por inflación, reduciendo las holguras fiscales a niveles mínimos históricos (0,07% del PIB).
IMPACTO PARA LA ADMINISTRACIÓN KAST
La presidenta del CFA subrayó que, al tratarse de gastos permanentes (remuneraciones y bonos), el financiamiento debe ser igualmente permanente. Advirtió que el mecanismo de «diferimiento de contrataciones» propuesto por Hacienda no cumple con esta condición. Esta situación traslada una presión financiera directa a la administración del presidente electo, José Antonio Kast, quien deberá ejecutar el Presupuesto 2026 bajo el riesgo de incumplir las metas de Balance Estructural si no se concretan reasignaciones profundas en otros ministerios.
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO
Ante la complejidad de la iniciativa, que incluye múltiples normas misceláneas con efectos fiscales potencialmente imprevistos, el CFA recomendó:
Explicitar fuentes: Que la Dipres detalle exactamente de dónde saldrán los US$822 millones faltantes.
Priorizar reasignaciones: Evitar el uso de recursos transitorios para gastos que se proyectan a largo plazo.
Cautela legislativa: Analizar con rigor las imprecisiones en las estimaciones de costo dadas las restricciones de tiempo en la tramitación actual. (NP-Gemini-Emol)
