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Por su interés, reproducimos el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Partido Comunista de Chile frente a la absolución del excarabinero Claudio Crespo, a pesar de establecerse que fue el autor de las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica.
1. Manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo a Gustavo Gatica, así como a todas las víctimas de la revuelta social iniciada en nuestro país a partir de octubre de 2019. Las razones estructurales que dieron origen a la expresión masiva del malestar social persisten hasta hoy, y la falta de sanción a los agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos constituye una negación inaceptable del derecho a la justicia. La impunidad no puede transformarse en política de Estado ni en jurisprudencia normalizada.
2. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos establecieron de manera consistente que en la revuelta social existió un incumplimiento grave y sistemático de normas y estándares internacionales relativos al control de asambleas y al uso de la fuerza por parte de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Estos informes dan cuenta de más de 28 mil personas detenidas, cientos de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, más de una veintena de denuncias de violencia sexual, muertes ocurridas en el contexto de las protestas, miles de personas heridas y centenares de personas con lesiones oculares y faciales, muchas con consecuencias permanentes e irreversibles.
3. Expresamos nuestra total y profunda discrepancia con los fundamentos y conclusiones del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en particular con la invocación del “ejercicio de la legítima defensa” para absolver al ex agente del Estado Claudio Crespo. Esta interpretación desconoce el deber reforzado de protección de los derechos humanos que recae sobre los agentes estatales, invierte la carga de responsabilidad y contraviene los estándares internacionales sobre uso proporcional, necesario y diferenciado de la fuerza, especialmente en contextos de protesta social.
4. Advertimos con extrema preocupación que decisiones judiciales de esta naturaleza contribuyen a consolidar escenarios de actuación impune de agentes del Estado, generando un mensaje social e institucional profundamente regresivo. Cuando los tribunales de justicia no garantizan verdad, justicia y reparación, se erosiona la confianza pública, se debilita el Estado de Derecho y se profundiza la distancia entre las víctimas y las instituciones llamadas a protegerlas. La impunidad no es un hecho aislado, es un riesgo estructural que corroe la justicia y daña la democracia.
5. En este marco, expresamos nuestra firme alerta respecto de los efectos de la Ley Nain–Retamal, cuyo contenido y aplicación debilitan los estándares de control democrático sobre el uso de la fuerza policial y amplían de manera peligrosa las causales de justificación para el actuar armado de los agentes del Estado. Esta legislación contradice obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reduce las posibilidades reales de investigación y sanción, y abre la puerta a nuevas violaciones, afectando especialmente a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
Comisión Nacional de Derechos Humanos – Partido Comunista de Chile.
Santiago, 15 de enero de 2026.
Crónica Digital.
