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Por Eric Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT Chile)
En estos días, la discusión sobre el Presupuesto Nacional 2025 vuelve a poner en evidencia las profundas contradicciones de nuestra política económica y del sistema que la sostiene.
Por un lado, la derecha, con sus tres candidaturas presidenciales, propone orgullosamente un recorte estructural del gasto público, bajo la vieja receta neoliberal que promete eficiencia a cambio de austeridad. En la práctica, ese camino no conduce al desarrollo, sino al debilitamiento del Estado, la precarización del empleo y la reducción de derechos sociales.
Por otro lado, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, aun reconociendo los límites de ese modelo, opta por seguir fiel a la llamada “regla fiscal”, ese dogma heredado del consenso neoliberal que se presenta como símbolo de responsabilidad política, pero que en realidad actúa como un freno al desarrollo social y económico del país. Detrás de esa aparente prudencia se esconde una paradoja: el Estado se ajusta mientras el mercado se expande; los trabajadores se aprietan el cinturón mientras los grandes grupos económicos acumulan rentas récord.
El problema no es técnico: es político. Un ejemplo claro de ello fue el envío del proyecto de Presupuesto 2025 sin glosa inflactora, es decir, sin fondos de libre disposición para el próximo gobierno. Este gesto, presentado como señal de disciplina fiscal, refuerza una mirada tecnocrática del presupuesto, más preocupada de las señales a los mercados que de las necesidades sociales.
A eso se suma un recorte del gasto público de alrededor de 543 mil millones de pesos, equivalentes a unos 612 millones de dólares, lo que redujo la tasa de crecimiento del gasto desde el 2,7 % proyectado a solo un 2,0 %. En la práctica, esto significa menos recursos para salud, educación, programas sociales y empleo público.
La regla fiscal, tal como se aplica hoy, funciona como una camisa de fuerza: impide avanzar en derechos sociales y frena la inversión pública cuando más se necesita. En lugar de ser una herramienta de equilibrio, se ha transformado en un instrumento de disciplinamiento económico y social, que mantiene la ilusión de estabilidad a costa del bienestar de las mayorías.
Y no hablamos en abstracto. Los efectos ya se sienten.
En el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los funcionarios mantienen una movilización nacional por un déficit presupuestario de más de 4.300 millones de pesos, que ha paralizado oficinas fronterizas y controles sanitarios. Esa falta de recursos no solo afecta el trabajo de fiscalización, sino también la soberanía alimentaria del país.
En el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), las y los trabajadores llevan semanas movilizados contra un recorte de 875 millones de pesos, que amenaza la continuidad de programas como Hablemos de Todo, Compromiso Joven y Voluntariado. Advierten que podrían cerrarse direcciones regionales —como las de Maule y Aysén— y perderse decenas de empleos.
Mientras tanto, la CONFUSAM, que agrupa a más de 80 mil trabajadores de la salud municipal, realizó un paro nacional de 72 horas por el congelamiento del per cápita en la atención primaria. Denuncian que programas emblemáticos como Más Adultos Mayores Autovalentes podrían quedarse sin financiamiento, afectando la atención de millones de personas.
Estos no son casos aislados: son el reflejo de una política económica que recorta por abajo mientras protege los privilegios de arriba. Los grandes capitales siguen recibiendo beneficios tributarios y condonaciones, mientras se pide “ajuste” a quienes sostienen el Estado. La hipocresía de la derecha es evidente, pero la del progresismo temeroso también. No se puede hablar de justicia social con la misma gramática de la austeridad neoliberal. No se puede construir un Estado de derechos con las reglas del mercado.
La responsabilidad fiscal que Chile necesita no es la que complace a las calificadoras de riesgo, sino la que garantiza estabilidad económica sin renunciar a la dignidad del trabajo y a la inversión social.
Desde la CUT, lo hemos dicho con claridad: no habrá desarrollo sin trabajo decente, sin empleo público fortalecido y sin un Estado con capacidad de transformar las condiciones de vida del pueblo. No pedimos despilfarro, pedimos coherencia. Si el país crece, que ese crecimiento llegue a las mayorías y no se quede en los balances empresariales.
La historia del sindicalismo chileno enseña que los grandes cambios sociales no nacen del cálculo contable, sino del coraje político para enfrentar los dogmas del capital. Ese mismo coraje es el que hoy demuestran las y los trabajadores que se movilizan contra los recortes —desde la salud municipal hasta el INJUV y el SAG— defendiendo no solo sus empleos, sino el sentido público del Estado.
Porque cuando se pretende volver a ajustar por la vía del recorte, debemos recordar que el verdadero equilibrio no se mide en el déficit fiscal, sino en la justicia social y la equidad económica. Porque al final del día, los números pueden cuadrar, pero ¿qué sentido tienen si la vida de las y los trabajadores empeora? Ese debe ser siempre el verdadero norte de la política pública.
Eric Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT Chile).
Santiago de chile, 3 de noviembre 2025
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