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Por José Campusano Alarcón.
Este miércoles 11 de marzo, mientras Gabriel Boric entrega la banda presidencial a José Antonio Kast, habrá un testigo de bronce que ya estará en su sitio para recibir al nuevo mandatario. La estatua ecuestre del general Manuel Baquedano volverá a erigirse en la Plaza Baquedano, también llamada popularmente Plaza Italia y actualmente denominada en círculos políticos y populares como Plaza Dignidad.
Esto acontece después de que el 25 de febrero de 2026, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobara por unanimidad su reinstalación, en una decisión que, bajo la superficie de una mirada técnica y patrimonial, revela la capacidad de la élite chilena para perpetuar su control sobre los símbolos, la historia y el territorio. Los monumentos nunca son neutrales. Siempre dicen algo sobre quién tiene el poder de contar la historia.
No es un acto menor que esta resolución se haya materializado apenas un día antes del cambio de mando, cerrando un ciclo que se abrió con el estallido social de 2019, cuando la plaza se convirtió en el epicentro de la rebelión popular y la estatua, en blanco de la ira ciudadana. Retirada en 2021 por los daños sufridos durante las protestas que precisamente cuestionaban la dominación que representa, su regreso ahora no es una simple restauración patrimonial. Es una reafirmación simbólica. El poder en Chile sigue teniendo las mismas riendas de siempre.
Para entender lo que realmente está en juego, hay que mirar más allá de la estatua ecuestre de bronce y remontarse al siglo XIX, donde se forja la línea de tiempo de una dominación ininterrumpida. La llamada «Pacificación de la Araucanía» (1861-1883) no fue más que una campaña de expansión territorial orquestada por el Estado chileno para beneficiar a latifundistas y colonos europeos.
Territorios ancestrales mapuches, protegidos por tratados como el de Tapihue de 1825, fueron sistemáticamente despojados mediante el avance militar. Y allí participó Manuel Baquedano. Como teniente coronel en 1866 y en campañas de 1868-1869 contra lonkos(jefes máximos y autoridades ancestrales mapuche) como Quilapán, contribuyó a la ruptura de la frontera sur, facilitando la reducción de tierras indígenas a meras «reducciones» a través de la Comisión Radicadora de Indígenas. Estas políticas no solo entregaron tierras a terratenientes chilenos –muchos de ellos parte de una élite con conexiones políticas–, sino que condenaron a comunidades pewenches y mapuche a la pobreza y el desplazamiento. Baquedano, además, era terrateniente en Los Ángeles, por lo que se benefició personalmente de un sistema donde la fuerza militar estatal actuaba como brazo armado de intereses privados.
Si avanzamos al siglo XX, el patrón se repite con crudeza en la Matanza de Ránquil de 1934. En el Alto Bío Bío, colonos, campesinos y pewenches se organizaron contra desalojos masivos impulsados por el gobierno de Arturo Alessandri Palma, quien revirtió promesas agrarias favoreciendo a latifundistas como los Puelma Castillo y Bunster. El Sindicato Agrícola de Lonquimay, con el apoyo de destacados dirigentes campesinos comunistas como Juan Chacón Corona y Juan Leiva Tapia, pero impulsado sobre todopor la desesperación real ante el despojo y la precariedad de sus vidas y la de sus familias, enfrentó una represión brutal. Carabineros y el Ejército, apoyados por civiles armados de las haciendas, ejecutaron a cientos de campesinos en julio de ese año. Las cifras oficiales minimizaron las víctimas a unas decenas, pero testimonios indígenas y campesinos hablan de hasta 477 muertos, ejecuciones sumarias y torturas. Una ley de amnistía posterior blindó a los perpetradores, sellando la impunidad. La élite no solo se benefició de la concentración de tierras –más de 130.000 hectáreas en una sola propiedad–, sino que utilizó el aparato estatal para aplastar cualquier resistencia.
Aquí emerge una paradoja histórica inquietante. La estatua de Baquedano fue fundida en 1928, por el escultor Virginio Arias, hijo ilustre de Ránquil. Resulta una ironía histórica que el arte de un hombre nacido en esa tierra haya terminado glorificando la bota militar que pocos años después masacrarían a campesinos e indígenas en una región que llevaba el mismo nombre que su pequeña localidad. Inaugurada en Fiestas Patrias bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como un supuesto «homenaje popular», la estatua simbolizaba ya la glorificación de un militar que representaba la expansión de la élite a costa de los marginados.
El regreso del jinete no puede entenderse tampoco sin mirar el proceso político más reciente. Gabriel Boric, que el 15 de noviembre de 2019 fue uno de los actores clave de aquel «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» firmado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, deja ahora La Moneda con este gesto que es pura poesía cruel. Aquel pacto, suscrito por Boric, incluso sin el consentimiento de su propio partido Convergencia Social, fue el primer gran esfuerzo de la élite por «morigerar» el estallido social y encauzar la rabia ciudadana hacia un laberinto burocrático donde los privilegios pudieran sobrevivir.
Hoy ese mismo orden vuelve a levantar al jinete.
La misma élite que hoy celebra el retorno de la estatua es la que después desplegó una maquinaria feroz de recursos mediáticos, económicos y digitales para hundir el proyecto constitucional. A punta de noticias falsas, discursos de odio y el uso estratégico del miedo, lograron convencer a una gran parte de la ciudadanía de que era mejor quedarse con lo conocido que arriesgarse al cambio. El resultado está a la vista: el sistema se autoprotegió y hoy se siente lo suficientemente fuerte como para volver a subir al general a su caballo.
Es una forma de cerrar el ciclo del estallido.
La decisión del CMN, aprobada por unanimidad bajo el gobierno de Boric, priorizó «resguardos técnicos» sobre cualquier reflexión histórica profunda. Figuras como el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, de la derecha tradicional, han impulsado esta restauración argumentando que la base rectangular vacía era un «monumento a la violencia». Pero es legítimo preguntarse: ¿no es la estatua misma un recordatorio permanente de la violencia estatal contra indígenas y campesinos? ¿No es acaso el bronce la exaltación de un sistema que ayer actuó contra Quilapán y los pewenches de Ránquil, y mañana lo podrá hacer contra los “sin casa”, huelguistas, estudiantes o trabajadores, utilizando el Estado para sofocar derechos y perpetuar privilegios?
En 2026, con un nuevo gobierno de extrema derecha asumiendo el poder, la reinstalación de la estatua de Baquedano en Plaza Dignidad envía un mensaje claro y brutal: la historia oficial prevalece sobre la memoria de los oprimidos. Mientras comunidades pewenches aún reclaman tierras ancestrales y el conflicto mapuche persiste en la Araucanía, honrar a quien facilitó el despojo y representa la expansión de la élite no es patrimonio cultural. Es la reafirmación de una impunidad que se niega a soltar el mando. No es solo una estatua de bronce sobre un pedestal; es la perpetuación de un sistema donde latifundistas, élites y sus brazos armados –civiles o uniformados– han dominado por siglos.
Chile necesita monumentos que honren a los verdaderos héroes populares, a las víctimas, no a los victimarios. Necesita memoria que incomode al poder, no símbolos que lo consagren. Aunque el jinete regrese a su pedestal justo a tiempo para recibir al nuevo presidente de ultra derecha, igualmente quedarán flotando sobre la Plaza Dignidad los vientos del pueblo que busca una vida mejor y más digna.
La historia escrita e impuesta por la élite chilena siempre encuentra la forma de volver a cabalgar.
José Campusano Alarcón
Ingeniero Civil en Minas
Ex Agregado Comercial de Chile en Rusia y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Juveniles (CODEJU) en dictadura.
Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 11 de marzo 2026
Crónica Digital
