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Por Alvaro Ramis
En política, las palabras no son neutras. Cada término elegido revela una visión del mundo, una jerarquía moral, una forma de ordenar la sociedad. Por eso, cuando el generalísimo de la campaña de Evelyn Matthei califica al gobierno de Gabriel Boric como un “gobierno de atorrantes”, no está lanzando simplemente una ofensa: está evocando un viejo código de distinción social que hunde sus raíces en la historia del clasismo chileno y rioplatense.
El término atorrante, nacido a fines del siglo XIX, designaba originalmente a los vagabundos urbanos, los que dormían en la calle o en los tubos de las obras públicas. Era un modo de etiquetar la pobreza con desprecio moral: el atorrante no era solo quien no tenía trabajo o casa, sino alguien indigno, sospechoso, flojo, culpable de su propia miseria. Así, la palabra servía para separar a los “decentes” de los “indeseables”, a los productivos de los “parásitos”. Era una herramienta simbólica para justificar la desigualdad.
Al usar esa misma palabra más de un siglo después, aplicada a un gobierno elegido democráticamente, se reactiva —consciente o inconscientemente— esa gramática de la distinción de clase. Lo que se está diciendo, en el fondo, no es que el Ejecutivo gestione mal o que sus políticas sean equivocadas, sino que no pertenece al mundo de los “aptos para gobernar”. Se le niega legitimidad no por sus decisiones, sino por su origen social, por su estilo, por su cercanía con sectores que no son los “propietarios naturales” del Estado.
El insulto es, en este sentido, una declaración de orden moral: el país —parecen decir— debe ser conducido por los “serios”, los “preparados”, los que saben mandar y no por esa juventud díscola y desalineada que se atreve a disputar los privilegios del poder. En otras palabras, la palabra atorrante cumple la función de reponer los límites del privilegio, de recordarle al país quién debe mandar y quién debe obedecer.
Este tipo de discurso no es nuevo. Ha acompañado cada intento de democratización profunda en Chile: desde los gobiernos populares del siglo XX hasta las actuales expresiones del progresismo. Cada vez que sectores sociales subalternos alcanzan posiciones de decisión, el lenguaje del orden —ese que combina decoro, éxito económico y linaje— reacciona con desdén. “Atorrantes”, “rotos”, “resentidos”: distintas formas de nombrar la misma incomodidad frente a la movilidad social y la pérdida del monopolio de la respetabilidad.
Llamar atorrantes a los otros, por tanto, es una forma de restaurar un orden simbólico. Es decir: no todos tienen derecho a ocupar el lugar de mando, ni a equivocarse en el ejercicio del poder, ni siquiera a representarse como autoridad legítima. El insulto reemplaza el debate por la descalificación moral; sustituye la política por el prejuicio de clase.
Pero esa palabra, como toda palabra que ha pasado por la calle y el tango, también tiene su contracara. Porque atorrante fue, en la cultura popular, el pícaro ingenioso, el que sobrevive sin privilegios, el que no pide permiso para existir. Si el comando de Matthei quisiera insultar, tal vez ha cometido un desliz: ha nombrado, sin querer, la vitalidad plebeya que todavía incomoda a las élites chilenas.
Quizás, entonces, la verdadera disputa no sea entre “atorrantes” y “decentes”, sino entre quienes creen que el poder es una herencia y quienes lo conciben como una construcción colectiva.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano.
Santiago de Chile, 28 de octubre 2025
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