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Por Álvaro Ramis
En Chile se ha instalado la costumbre de evaluar nuestra política de defensa en comparación con los vecinos inmediatos. Se celebra que el país mantiene equipamiento actualizado, un entrenamiento profesional de las Fuerzas Armadas y una inversión pública consistente, que en general nos sitúan en una posición de ventaja relativa frente a Argentina, Perú o Bolivia. Esa mirada puede resultar tranquilizadora, pero en realidad es un espejismo: medirnos solo en ese marco equivale a conformarse con una lógica de mínima competencia, donde basta con “no quedar atrás”.
El referente que debiera guiarnos no está en la frontera, sino en Brasil. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Brasil entendió que la defensa no se limita a la compra de material bélico en el extranjero. Por el contrario, la ha convertido en un eje de desarrollo nacional. Ha creado una industria propia, diversificada y capaz de producir aviones, vehículos blindados, astilleros navales y satélites. Este esfuerzo no solo le otorga mayor autonomía estratégica, sino que genera empleos calificados, impulsa la investigación científica y nutre otros sectores productivos.
Chile no tiene la escala demográfica ni los recursos naturales de Brasil, pero sí puede asumir esa lógica. La política de defensa debe dejar de ser percibida únicamente como un gasto para la seguridad nacional, y transformarse en un vector de innovación, industria y soberanía tecnológica. Apostar por el desarrollo de capacidades propias, aunque sea en nichos estratégicos, permitiría al país integrarse en cadenas globales de valor y proyectar sus fuerzas armadas hacia el futuro con independencia y proyección.
Si seguimos comparándonos solo con nuestros vecinos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en una competencia de corto plazo. Si nos miramos en el espejo de Brasil, en cambio, podremos concebir la defensa como una política de Estado, capaz de impulsar desarrollo y soberanía para las próximas décadas.
Álvaro Ramises rector de la Universidad Humanismo Cristiano.
Santiago de Chile, 19 de septiembre 2025
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