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La Comisión de Hacienda del Senado retomó esta mañana la discusión sobre el proyecto de reajuste al sector público, sesión marcada por las severas aprensiones de la contralora general, Dorothy Pérez. La autoridad reiteró su rechazo al mecanismo denominado «amarre», argumentando que la normativa propuesta permitiría que personal ingresado bajo modalidades externas o «en forma oblicua» acceda a cargos de alta remuneración sin haber pasado por los concursos públicos que exige el estatuto administrativo.
Según la contralora, este sistema genera un desmedro directo para los funcionarios de planta, quienes han cumplido con años de calificaciones y méritos para ascender en el escalafón. Pérez enfatizó que permitir que personal a contrata se mantenga de forma permanente en cargos superiores, sin realizar la «fila» institucional, vulnera la estructura de la administración del Estado y desincentiva la profesionalización de la carrera funcionaria.
Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) manifestó su preocupación por la estrechez fiscal que enfrenta el país, especialmente tras la emergencia por incendios forestales en Maule y Biobío. El parlamentario cuestionó la viabilidad de financiar bonos por término de conflicto en un escenario donde se requieren reasignaciones presupuestarias críticas para el fondo de reconstrucción.
Macaya señaló que la señal enviada al Congreso es contradictoria, pues mientras se reportan menores ingresos y mayores gastos derivados de la catástrofe, el proyecto de reajuste contempla beneficios que podrían comprometer la estabilidad financiera. El senador adelantó que el análisis de la ejecución presupuestaria de 2025 será clave para determinar el margen de maniobra del Fisco ante estas nuevas demandas sociales y de emergencia. (NP-Gemini-Emol)
