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Las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, generaron una intensa controversia política tras proponer que la actual administración debería regularizar a más de 180 mil migrantes empadronados antes del cambio de mando. En una conversación radial, la exsecretaria de Estado advirtió sobre los riesgos de realizar expulsiones masivas sin un proceso previo de registro, señalando que el próximo gobierno de José Antonio Kast podría terminar afectando a personas inocentes. Sus palabras reabrieron el debate sobre el legado de la gestión saliente en materia de seguridad y fronteras.
Ante el revuelo causado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó tajantemente la posibilidad de concretar un proceso de esta magnitud en las pocas semanas que restan de mandato. La portavoz explicó que una regularización administrativa requiere de plazos extensos que superan la vigencia del actual Ejecutivo, por lo que cualquier decisión al respecto deberá ser articulada y resuelta por la administración entrante. Vallejo subrayó que el empadronamiento actual servirá como un insumo técnico para que las nuevas autoridades tomen determinaciones con base en una política de Estado seria.
Desde el equipo del Presidente electo y las bancadas de oposición, la propuesta de Tohá fue recibida con un rechazo transversal y calificativos de improvisación. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, criticó la posibilidad de tomar decisiones de última hora cuyas consecuencias deban ser asumidas por otros. En tanto, parlamentarios de Renovación Nacional y del Partido Republicano tildaron la idea de incentivo perverso y señalaron que regularizar por secretaría a quienes ingresaron de forma ilegal constituye una vulneración a la soberanía nacional y al cumplimiento de la ley.
En el Congreso, la discusión también sumó voces críticas desde sectores independientes y del oficialismo. Diputados de diversas comisiones señalaron que el gobierno del Presidente Gabriel Boric tuvo tiempo suficiente para abordar la crisis migratoria y que intentar un perdonazo masivo mediante decretos, faltando menos de un mes para el 11 de marzo, solo generaría un conflicto innecesario. Los legisladores enfatizaron que la ciudadanía eligió un nuevo programa de gobierno centrado en recuperar el control fronterizo, por lo que cualquier cambio normativo debe pasar por el debate legislativo y no por medidas administrativas apresuradas.
C. ALVARADO CALIFICA DE “MAL GUSTO” EVENTUAL REGULARIZACIÓN
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, manifestó su tajante rechazo a la propuesta de la exsecretaria de Estado, Carolina Tohá, de regularizar a 180 mil migrantes empadronados antes del fin de la actual administración. Alvarado calificó la iniciativa como una “decisión política de última hora” que busca condicionar la gestión de José Antonio Kast. A juicio de la futura autoridad, sería de “muy mal gusto” que el Gobierno de Gabriel Boric adopte una medida de tal magnitud a solo semanas de dejar el poder, traspasando las consecuencias de dicha resolución a quienes asumirán el control del país.
Por su parte, desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó la existencia de un plan de regularización masiva de aquí al 11 de marzo. Vallejo explicó que este tipo de procesos son extensos y requieren una articulación que trascienda a un solo mandato, confirmando que la decisión final quedará en manos de la administración entrante. Con esto, el Ejecutivo intenta bajar la tensión frente a las críticas de la futura coalición de gobierno, que ha visto en las declaraciones de Tohá un intento de “amarre” administrativo en una de las áreas más sensibles para la opinión pública. (NP-Gemini-Emol-Bio Bio)
