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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmó que se encuentra evaluando la entrega de ayuda humanitaria a Cuba, en respuesta a las gestiones y exigencias planteadas por el Partido Comunista (PC). La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó que el Ejecutivo mantiene una disposición permanente de asistencia hacia pueblos afectados por bloqueos económicos o conflictos, subrayando que estas medidas impactan directamente a la ciudadanía y no necesariamente a los sistemas políticos de los países involucrados.
Desde las filas del PC, parlamentarios como Carmen Hertz y Matías Ramírez han liderado la ofensiva para que Chile siga el ejemplo de México, nación que recientemente despachó más de 800 toneladas de suministros a la isla. Los legisladores oficialistas enfatizaron la necesidad de reciprocidad, recordando el apoyo histórico de las brigadas médicas cubanas ante catástrofes en territorio chileno, e instaron a la administración de Boric a abandonar la neutralidad frente a la crisis que vive la población civil cubana.
La apertura de La Moneda también encontró eco en otros sectores de la alianza gubernamental, como el Partido Socialista, donde el diputado Nelson Venegas respaldó la iniciativa por razones de generosidad internacional. Sin embargo, en la oposición y en la Democracia Cristiana la noticia fue recibida con suspicacia. Críticos como el diputado Jorge Alessandri (UDI) señalaron que cualquier ayuda debería estar condicionada a reformas democráticas y a la liberación de presos políticos, acusando al régimen de Miguel Díaz-Canel de ser el verdadero responsable de la pobreza en la isla.
Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), advirtió que el Gobierno corre el riesgo de dejarse “pautear” por el PC en materia de relaciones exteriores, lo que podría tensionar los vínculos internacionales de Chile. Mientras el Ejecutivo analiza la disponibilidad de recursos y las necesidades técnicas del envío, el debate político se mantiene encendido entre quienes priorizan la solidaridad humanitaria y quienes exigen sanciones directas contra el modelo político cubano. (NP-Gemini-La Tercera)
