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La Tesorería General de la República informó que el gasto acumulado por pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social alcanzó los $7.009.644.357, tras un último depósito realizado en enero por más de $204 millones. Este monto, equivalente al valor de unas 70 ambulancias, se conoce a solo semanas de que el presidente electo, José Antonio Kast, asuma el mando con la promesa de revisar exhaustivamente estos beneficios vitalicios. Durante la administración de Gabriel Boric se otorgaron 270 de estas pensiones, superando las 148 concedidas por el gobierno de Sebastián Piñera, lo que totaliza 418 beneficiados hasta la fecha.
La controversia sobre estas asignaciones se ha intensificado debido a las vulnerabilidades en el proceso de otorgamiento, el cual se basó principalmente en testimonios entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sin una verificación exhaustiva de antecedentes. Un informe de la Contraloría General de la República detectó que 58 de los beneficiados contaban con prontuarios policiales por delitos graves, incluyendo homicidio, abuso sexual infantil y narcotráfico. Ante estos hallazgos, el actual gobierno ya revocó 31 beneficios, pero la presión política desde el sector de Kast apunta a una supresión total o una revisión caso a caso para identificar falsas víctimas.
En el ámbito judicial, la investigación por fraude de subvenciones liderada por el fiscal Marcos Pastén avanza con lentitud, registrando solo dos formalizaciones tras dos años de indagatorias. Entre los casos emblemáticos destaca el de Francisco Gatica, quien admitió que su lesión ocular fue producto de un accidente de tránsito y no de un perdigón policial, y el de Robinson Jaramillo, condenado por abuso sexual, quien recibió casi $7 millones antes de ser detectado. A estos se suma el caso de Juan Francisco Villalobos, quien sigue percibiendo el beneficio pese a que el INDH retiró su respaldo y la fiscalía cerró su causa por tortura.
Desde el futuro oficialismo, las voces a favor de terminar con estas pensiones son transversales. El senador electo Andrés Longton (RN) adelantó que solicitará a Kast la revocación de todos los pagos a “falsas víctimas” para resguardar el patrimonio fiscal. Por su parte, la diputada electa Javiera Rodríguez (Republicanos) fue más allá, proponiendo el fin total del beneficio por su falta de trazabilidad y el contraste que genera con la situación de carabineros que aún enfrentan procesos judiciales por el mismo periodo, calificando la entrega como una medida discrecional sin sustento judicial firme.
El escenario para 2026 proyecta que, de mantenerse el actual esquema de pagos, el gasto fiscal acumulado superaría los $9.000 millones. Este será uno de los primeros flancos administrativos que deberá resolver el nuevo equipo de Interior y Hacienda, enfrentando el desafío de distinguir las reparaciones legítimas de los casos fraudulentos. La nueva administración ya ha señalado que la probidad en el uso de recursos públicos será el eje central para decidir el futuro de estos depósitos mensuales, que hoy representan una carga significativa y cuestionada para las arcas del Estado. (NP-Gemini-La Tercera)
